La fiscal Florencia Gómez defendió la investigación y las pruebas científicas que sustentaron la condena contra un productor por la destrucción de una colonia de pingüinos de Magallanes en 2021. La audiencia de impugnación será el 21 de abril.
La fiscal Florencia Gómez se refirió al caso por la destrucción de una zona de nidificación de pingüinos de Magallanes en Punta Tombo, ocurrida en 2021, y expresó su confianza en que el Superior Tribunal de Justicia ratificará la condena contra el productor Ricardo La Regina. La audiencia de impugnación extraordinaria, última instancia judicial del proceso, se realizará el próximo 21 de abril.
Según la explicación de la fiscalía, los hechos se remontan a 2021, cuando el imputado utilizó una topadora en un área de nidificación, lo que provocó la muerte de más de 200 pingüinos de Magallanes y la destrucción de nidos y pichones. Gómez calificó el hecho como «un impacto socioambiental impresionante, en muchos sectores irrecuperable». Este caso es considerado el primero en el país con una condena por daño ambiental y crueldad animal.
La investigación demandó años de trabajo y se basó en un amplio respaldo científico. Para sostener la acusación, se convocó a 92 testigos y especialistas de diversas áreas, además de instituciones como el CONICET, el CENPAT, la CONAE y National Geographic. Uno de los elementos probatorios clave fueron las imágenes satelitales, que permitieron determinar con precisión la fecha y hora del daño, ocurrido entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre, un período crítico en el ciclo reproductivo de la especie.
La fiscal también rechazó los argumentos de la defensa, que cuestionaba la falta de cuerpos como prueba material. Sostuvo que la evidencia técnica y los estudios realizados demostraron que la intervención fue humana y no natural, destacando que «se removió el suelo, se compactó y se levantaron hasta 60 centímetros de la capa superficial».
En relación al estado actual del área afectada, Gómez señaló que existen sectores que no podrán recuperarse, mientras que otros podrían recomponerse con el tiempo. No obstante, destacó que el caso generó efectos positivos, como la ampliación del área protegida de Punta Tombo y la creación de una unidad fiscal especializada en derecho ambiental en la provincia de Chubut.
Finalmente, recordó que la condena dictada fue de tres años de ejecución condicional, aunque la fiscalía había solicitado cinco años de prisión efectiva. «Más allá de la pena, lo importante es el precedente: este fallo puede sentar doctrina en toda Latinoamérica en materia de protección ambiental y de fauna silvestre», concluyó.