En medio de restricciones anunciadas por clínicas y sanatorios patagónicos para la atención de afiliados de PAMI, la Defensoría Oficial de la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia recordó que interviene en casos de falta de cobertura médica, tratamientos y prestaciones de salud cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad.
El defensor oficial Alberto Martínez confirmó que la oficina recibe consultas y reclamos vinculados tanto con PAMI como con obras sociales sindicales, y que en algunos casos las gestiones derivan en acciones judiciales para garantizar el acceso a tratamientos o prestaciones que fueron rechazadas.
«Tenemos casos en los cuales hemos judicializado ciertas situaciones y, cuando corresponde, hemos obtenido resoluciones favorables», explicó el funcionario, en diálogo con Actualidad 2.0.
Sin embargo, aclaró que no siempre es necesario llegar a la instancia judicial. Según indicó, muchas veces una intervención temprana de la Defensoría permite resolver el conflicto antes de presentar un amparo.
«No siempre es necesario llegar a la etapa judicial. En algunos casos, con la sola intimación mediante un oficio que presentamos nosotros, tenemos la posibilidad de anticiparnos y evitar un amparo», sostuvo.
Sin una explosión de casos, pero con más consultas
Consultado sobre si las modificaciones implementadas por PAMI y los conflictos que atraviesa el sistema de prestaciones derivaron en un aumento de reclamos, Martínez señaló que se observa un crecimiento, aunque por el momento no resulta significativo.
«Probablemente algo haya aumentado, sí, pero no es nada alarmante, por lo menos hasta ahora», afirmó.
El defensor atribuyó esa situación a que muchos planteos logran resolverse por vías administrativas o mediante acuerdos extrajudiciales, sin necesidad de iniciar procesos judiciales.
Quiénes pueden acceder a la asistencia gratuita
Martínez explicó que la intervención de la Defensoría está regulada por la Ley del Ministerio Público de la Defensa y por reglamentaciones internas que establecen criterios de vulnerabilidad para acceder al patrocinio gratuito.
Entre los parámetros considerados figura la situación económica del solicitante, aunque aclaró que no se trata de una evaluación exclusivamente basada en ingresos.
«La pauta orientativa es que la persona tenga ingresos no superiores a dos salarios mínimos, pero no es un criterio rígido. También evaluamos el contexto familiar, si hay personas con discapacidad, si se paga alquiler y otras condiciones sociales», detalló.
El funcionario remarcó que la finalidad del organismo es garantizar el acceso a la Justicia para quienes no cuentan con recursos para contratar un abogado particular.
«La idea es que todos puedan tener acceso a la Justicia. Quien no pueda pagar un abogado particular puede venir y solicitar la asistencia del defensor oficial. No necesita concurrir con un abogado porque justamente su abogado seremos nosotros», explicó.
Un servicio a la comunidad
Más allá de los casos en los que la Defensoría puede asumir formalmente la representación, Martínez sostuvo que cualquier persona puede acercarse a realizar consultas y recibir orientación sobre los pasos a seguir.
«Somos una oficina que está al servicio de la comunidad. Lamentablemente en algunos casos no podemos intervenir porque exceden nuestro ámbito reglamentario de actuación, pero al menos una orientación van a tener», concluyó.
La aclaración cobra relevancia en un contexto de incertidumbre para muchos afiliados de PAMI, luego de que clínicas y sanatorios privados de la Patagonia anunciaran restricciones en algunas prestaciones por el conflicto que mantienen con la obra social nacional.