La vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chubut y de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina sostuvo que cualquier modificación legislativa debe basarse en estadísticas y evidencia.
En el marco de un nuevo aniversario de la movilización “Ni Una Menos”, la vicepresidenta primera del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Camila Banfi, defendió la vigencia de la figura penal del femicidio y sostuvo que el debate impulsado a nivel nacional sobre su eventual eliminación debe darse con base en evidencia estadística y aportes de especialistas.
La magistrada, que además se desempeña como vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), participó de una actividad de la Mesa Interpoderes en la Legislatura provincial y reflexionó sobre los avances y desafíos pendientes en materia de violencia de género.
“Hoy hablábamos de no perder la sensibilidad y de tener siempre presentes los nombres de las mujeres víctimas de los 38 femicidios registrados en Chubut durante los últimos 13 años. No son un número más; detrás hay familias, hijos y situaciones muy complejas que requieren un abordaje interdisciplinario y un fuerte trabajo de prevención”, expresó en diálogo con Actualidad 2.0.
El debate sobre el femicidio
Consultada sobre la discusión nacional impulsada desde sectores del Gobierno para revisar o eliminar la figura del femicidio del Código Penal, Banfi señaló que desde AMJA acompañan el debate, aunque reclamó que se realice sobre bases técnicas. “No pedimos que no se discuta. Lo que pedimos es que haya discusiones serias, con expertos que expliquen por qué se logró ese avance y por qué el femicidio está incorporado dentro del catálogo penal”, afirmó.
Según explicó, la tipificación específica del femicidio fue el resultado de años de visibilización, militancia y construcción de políticas públicas destinadas a abordar las violencias contra las mujeres. “Hoy el femicidio tiene una pena de prisión perpetua y eso no es un dato menor. Son avances que pueden haber llevado años o haber sido pequeños pasos, pero que forman parte de un proceso que permitió visibilizar una problemática que antes permanecía oculta”, sostuvo.
“Bajaron los femicidios, pero crecieron las tentativas”
Con relación a ese incipiente debate, en el que el gobierno nacional sostiene que bajó el índice de femicidios en el país, Banfi advirtió que una eventual disminución de los hechos consumados no necesariamente refleja una reducción de la violencia de género. “La mejor respuesta es esta: bajaron los femicidios, pero aumentaron las tentativas de femicidio”, afirmó.
Explicó que actualmente la información de todo el país se concentra en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde los poderes judiciales provinciales reportan sus datos. “Si uno mira las estadísticas nacionales va a encontrar números más bajos de femicidios, pero cifras muy altas de tentativas de femicidio”, indicó.
En ese sentido, remarcó que detrás de cada tentativa existe una víctima sobreviviente, muchas veces con secuelas permanentes y con hijos o familiares que también resultan afectados por la violencia.
Violencias que no siempre aparecen en las estadísticas
La ministra del Superior Tribunal también planteó que existen numerosos casos de muertes de mujeres que podrían estar vinculadas a contextos de violencia, pero que no siempre quedan incorporadas dentro de los registros específicos de femicidio. Recordó que durante relevamientos realizados para organismos internacionales se detectó la existencia de muertes dudosas, suicidios asociados a situaciones de violencia y otros hechos que no siempre son contabilizados dentro de las estadísticas oficiales.
“Es importante cuantificar el fenómeno completo. Hoy puede haber menos femicidios consumados, pero siguen existiendo tentativas, lesiones agravadas por violencia de género y otras formas de violencia que también generan consecuencias gravísimas”, señaló.
Los avances institucionales en Chubut
Banfi destacó además que en los últimos quince años la provincia desarrolló herramientas específicas para abordar estos delitos, entre ellas las comisarías de la mujer, fiscalías especializadas en violencia de género y delitos contra la integridad sexual, así como la capacitación obligatoria establecida por la Ley Micaela. “Hace algunos años las denuncias de violencia ingresaban a oficinas que trataban todo tipo de delitos. Hoy existen áreas especializadas y una estructura institucional mucho más preparada para intervenir”, sostuvo.
En esa línea, consideró que más allá de los cambios políticos nacionales, existen avances que difícilmente puedan revertirse dentro del Poder Judicial.
Violencia digital y nuevas formas de agresión
La magistrada también alertó sobre el crecimiento de otras modalidades de violencia que suelen tener menor visibilidad pública, especialmente las vinculadas al entorno digital. Mencionó casos en los que imágenes o videos intercambiados de manera consentida durante una relación son utilizados posteriormente para extorsionar, hostigar o exponer públicamente a las víctimas. “Eso genera consecuencias permanentes en la psiquis de las personas afectadas”, advirtió.
Finalmente, sostuvo que la problemática debe interpelar al Estado y a la sociedad durante todo el año y no únicamente cada 3 de junio. “Desde las microviolencias hasta los femicidios, es un fenómeno que requiere atención permanente. Hay muchas personas trabajando desde distintos lugares para generar cambios y fortalecer la prevención”, concluyó.