El gobernador Claudio Vidal envió a la Legislatura un proyecto para autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares. La iniciativa enfrenta el rechazo de sectores opositores y aún no reúne los votos necesarios para su aprobación.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, envió a la Cámara de Diputados un proyecto en el que solicita autorización legislativa para realizar operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones. Los fondos serán destinados a financiar gastos de capital, programas de desarrollo provincial y administración de pasivos, incluyendo renegociación o cancelación de deudas anteriores.
La iniciativa ingresó a la Legislatura el 13 de mayo y contempla distintos instrumentos financieros, como emisión de títulos públicos, acuerdos con organismos multilaterales, préstamos internacionales y operaciones en mercados de capitales nacionales e internacionales. Según el proyecto, el plazo máximo de amortización será de hasta 15 años y las tasas podrán ser fijas, variables o mixtas.
El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, brindó una conferencia de prensa para exponer los detalles del proyecto. “Entre los principales destinos del financiamiento se encuentran obras vinculadas a la interconexión energética de localidades que aún funcionan con sistemas aislados y de alto costo operativo, el desarrollo del acueducto del Lago Buenos Aires, infraestructura educativa, fortalecimiento hospitalario y recuperación de infraestructura portuaria estratégica para ampliar la capacidad productiva provincial”, declaró.
El funcionario mencionó que la provincia evalúa distintas alternativas de crédito de acuerdo con las mejores condiciones que se consigan y adelantó que podría haber créditos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y otras alternativas, además de la posibilidad de emitir bonos en moneda extranjera. También aclaró que los recursos no podrán destinarse directamente al pago de salarios ni a gastos corrientes, ya que el proyecto establece que estarán orientados a obras de infraestructura, desarrollo y administración de pasivos.
El proyecto generó el rechazo de distintos sectores políticos. A través de una solicitada titulada “Pronunciamiento colectivo en defensa del pueblo santacruceño”, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y líderes políticos rechazaron la iniciativa. Entre los firmantes se encuentran la exgobernadora y senadora Alicia Kirchner, los ex oficialistas José María Carambia y Natalia Gadano, los diputados nacionales Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesan, y los intendentes Antonio Carambia (Las Heras), Javier Belloni (Calafate), Pablo Grasso (Río Gallegos), Zulma Neira (Los Antiguos) y Juan Raúl Martínez (Deseado), entre otros. Desde la Legislatura firmaron los diputados provinciales Carlos Santi, Carlos Alegría, Carlos Godoy, Daniel Peralta, Eloy Echazú, Lorena Ponce, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora, Javier Jara y José Bodlovic.
El documento afirma que el proyecto “compromete la soberanía y el futuro de Santa Cruz” y rechaza “cualquier mecanismo de endeudamiento en moneda extranjera y bajo jurisdicción de tribunales extranjeros”. También expresa que “la inversión pública debe orientarse también a la reactivación de la obra pública, como herramienta para generar empleo, dinamizar las economías locales y mejorar la calidad de vida de las y los santacruceños” e insta al gobierno provincial a abrir un puente de diálogo.
Algunos de los intendentes que firmaron el documento presentaron un proyecto de ley paralelo para el ‘Fortalecimiento Financiero Transitorio Municipal y Provincial’, que propone que el 50% de los fondos UNIRSE se redistribuyan entre las localidades según los coeficientes de coparticipación vigentes. El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, explicó: “de los $98 mil millones que la provincia mantiene en plazo fijo, planteamos coparticipar la mitad a los municipios y destinar el resto a sostener obra pública y otorgar mejoras salariales a trabajadores estatales”.
El secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Río Gallegos, Gonzalo Chute, afirmó que “se gastaron todo y ahora quieren que el pueblo pague la fiesta”. En una entrevista con Tiempo Sur, recordó que los fondos extraordinarios que recibió la provincia no se vieron reflejados en la gestión. La exdiputada nacional Roxana Reyes también cuestionó el proyecto porque “compromete a las generaciones futuras”, señalando que contempla un plazo de amortización de hasta 15 años y compromete como garantías la coparticipación federal, las regalías hidrocarburíferas y las regalías mineras.
El Ministerio de Economía respondió a las críticas recordando que en gestiones anteriores se aprobaron leyes de endeudamiento con características similares. Verbes mencionó la Ley Provincial 3.479, aprobada en junio de 2016 durante el gobierno de Alicia Kirchner, que autorizó operaciones de crédito público “en pesos o su equivalente en monedas extranjeras”. “La oposición rechaza el pedido de Vidal para cambiar la matriz productiva, pero a Alicia le aprobaron uno similar para gastos corrientes”, sostuvo.
En los fundamentos del proyecto, el gobierno sostiene que Santa Cruz registra una necesidad bruta de financiamiento superior a los 356 mil millones de pesos, producto del déficit previsional, la caída de transferencias automáticas nacionales y la disminución de regalías petroleras tras el retiro de YPF. El próximo jueves la Legislatura de Santa Cruz deberá tratar el proyecto. Según el vicegobernador Fabián Leguizamón, el oficialismo contaría con 13 votos afirmativos, pero necesita alcanzar los dos tercios de la Cámara (16 legisladores) para su aprobación.