El fiscal federal Diego Luciani solicitó ante el Tribunal Oral Federal N°2 el decomiso del inmueble ubicado en el barrio porteño de Constitución, como parte de una nueva etapa de ejecución patrimonial para cubrir el perjuicio económico fijado en más de $685.000 millones en la causa Vialidad.
La causa Vialidad sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial luego de que el fiscal federal Diego Luciani solicitara formalmente el decomiso del departamento ubicado sobre la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria.
El pedido fue presentado ante el Tribunal Oral Federal N°2 y se enmarca dentro de una nueva etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca avanzar sobre distintos bienes patrimoniales para cubrir el perjuicio económico al Estado determinado en la investigación judicial.
Según trascendió, la Justicia fijó en más de $685.000 millones el monto que deberían reintegrar los condenados en la causa vinculada a la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
El departamento de Constitución aparece ahora entre los principales bienes alcanzados por el nuevo requerimiento de decomiso. Se trata del inmueble donde la ex vicepresidente permanece detenida luego de que la Corte Suprema dejara firme la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta.
De acuerdo con el dictamen fiscal, la propiedad estaría vinculada al entramado patrimonial investigado en la causa y, por ese motivo, debería incorporarse al proceso de decomiso para contribuir al recupero de fondos considerados producto de la maniobra fraudulenta investigada por la Justicia.
La inclusión del inmueble tiene además un fuerte peso simbólico y político, ya que se trata del domicilio donde la exmandataria cumple actualmente la prisión domiciliaria y uno de los bienes más visibles vinculados al patrimonio familiar.
Más de 140 inmuebles y cuentas bancarias
El planteo realizado por Luciani no se limita únicamente al departamento de San José 1111. La fiscalía también presentó un extenso listado de bienes que podrían ser incorporados a esta nueva etapa de ejecución patrimonial.
Entre los activos incluidos aparecen 141 inmuebles, de los cuales 13 pertenecen a sociedades vinculadas a la familia Kirchner y otros 128 están relacionados con empresas asociadas al empresario Lázaro Báez, también condenado en la causa.
El listado incorpora además 46 vehículos, más de 4,6 millones de dólares hallados en una caja de seguridad atribuida a Florencia Kirchner y casi un millón de dólares depositados en cuentas bancarias, además de otras sumas menores en pesos.
Según el Ministerio Público Fiscal, estos bienes forman parte de una “segunda tanda” de decomisos destinada a ampliar el alcance de la ejecución patrimonial iniciada luego de que quedara firme la condena en la causa Vialidad.
Hoteles, propiedades y bienes en Santa Cruz
Dentro del nuevo pedido judicial también aparecen algunos de los bienes más emblemáticos vinculados históricamente al patrimonio de la familia Kirchner en Santa Cruz.
Entre ellos figuran el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea de El Chaltén, el chalet ubicado sobre la costanera de Río Gallegos y distintos terrenos y propiedades distribuidos en territorio santacruceño.
Todos esos activos podrían sumarse a una primera etapa de decomisos que ya había alcanzado más de un centenar de propiedades vinculadas a los condenados en el expediente.
En el dictamen presentado ante el tribunal, Luciani sostuvo que los acusados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia, aunque —según remarcó— “no han depositado ni un solo peso”, situación que habilitaría el avance sobre sus bienes patrimoniales.
Además, el fiscal argumentó que la magnitud de los activos detectados refleja “fortunas desproporcionadas” respecto de los ingresos declarados oficialmente por los involucrados.
Ahora, el planteo quedó en manos del Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes deberán resolver si incorporan estos nuevos bienes al proceso de decomiso.
Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos continúa impulsando distintas presentaciones judiciales para intentar frenar el avance de la ejecución patrimonial, recursos que eventualmente podrían volver a llegar a la Corte Suprema.