Ivana Álvarez, directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen” en Río Gallegos, fue separada de su cargo tras un allanamiento en su domicilio en el marco de la causa federal “Aliados por la Infancia VI”, que investiga explotación sexual infantil.
Ivana Álvarez, directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen” en Río Gallegos, Santa Cruz, fue desvinculada en las últimas horas en el marco de una grave causa que lleva adelante la justicia federal. El gobierno provincial dispuso su desvinculación de forma oficial.
La medida fue adoptada de manera preventiva tras conocerse un procedimiento realizado en su domicilio particular en el marco de la causa “Aliados por la Infancia VI”, por explotación sexual infantil, que derivó en allanamientos en 18 provincias argentinas, entre ellas Santa Cruz, y en otros países de América y Europa. En la provincia patagónica fueron un total de 13 los allanamientos y se detuvo a 8 personas.
Los procedimientos fueron impulsados a partir del trabajo en conjunto de la Embajada de Estados Unidos, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. La funcionaria estaba al frente del CIC dependiente del Ministerio de Desarrollo Social desde 2024.
Según señalaron fuentes a La Opinión Austral, la exfuncionaria quedó a disposición del juzgado interviniente y se habría conocido que su situación judicial estaría relacionada con una causa vinculada al consumo de material de abuso sexual infantil. Desde el Gobierno de Santa Cruz, a cargo del gobernador Claudio Vidal, señalaron que la decisión se tomó de forma inmediata tras tomar conocimiento del caso.
“Frente a situaciones de esta naturaleza de público conocimiento se actuó con rapidez y responsabilidad, priorizando el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos. El Gobierno de Santa Cruz acompaña el accionar de la Justicia y mantiene una postura institucional frente a este tipo de situaciones”, indicaron oficialmente.
Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre imputaciones o eventuales medidas procesales, ya que la investigación continúa en desarrollo. La noticia causó gran repercusión, atento a que la funcionaria es una figura conocida por su trabajo territorial y por haber sido reconocida como la primera mujer trans en ocupar un cargo directivo de este tipo en la provincia.
Desde el Gobierno remarcaron que la prioridad fue preservar el funcionamiento institucional y acompañar el accionar judicial mientras avance la causa. Por ahora, el caso sigue bajo investigación y no se descartan nuevas medidas en el expediente federal. Con información de La Opinión Austral, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.