La Confederación General del Trabajo presentó una recusación contra los magistrados que dejaron sin efecto una cautelar que suspendía la reforma laboral, y pidió la nulidad del fallo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes a los dos miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que rechazaron y dejaron sin efecto una cautelar contra la reforma laboral, y solicitó la “nulidad absoluta” de ese fallo que reactivó la vigencia de la ley.
La CGT recusó “con causa” a los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, los dos integrantes de la Sala que dejó sin efecto la cautelar favorable a la central sindical, por “haber prejuzgado” sobre los derechos que constituyen la materia de fondo de la cautelar que suspendió 82 artículos de la reforma laboral.
Asimismo, recusó también a Pesino por “favorecer la posición de la demandada”, en alusión al Estado nacional, y, simultáneamente, ser favorecido con un pedido al Consejo de la Magistratura para que siga en el cargo más allá de los 75 años, medida que fue publicada en el Boletín Oficial.
“Obtener un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, sino también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley”, indicó el escrito legal.
La presentación señala que la conducta del Estado es “descalificable” al promover la continuidad en el cargo más allá de los 75 años “de un magistrado que acaba de fallar a favor de la posición oficial”. “Esta inconsecuencia no es un desvarío de la autoridad, ni una razón sin fundamento, es la razón desprovista de moral, es asociar beneficios mutuos, mientras la sociedad asiste a la demolición de la división de poderes y la credibilidad en el Estado de Derecho”, expresa el texto.
Para la CGT, una contraprestación semejante entre un juez y el Estado constituye “un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”. La central obrera sostiene que el fallo de Pesino y González “ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia y sobre la base de evidentes y manifiestos yerros”.
Ambos magistrados señalaron, al restablecer la vigencia de la reforma laboral, que no se afectaba a “sectores socialmente vulnerables” y que no se encuentra “comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos”. Estas apreciaciones motivaron que la CGT los recusara por prejuzgamiento, al adelantar opinión sobre la cuestión de fondo, y considerar que “no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia”.
La central obrera destacó “la desazón que provoca que jueces con especial versación laboral consideren prima facie que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia, que no se encuentre comprometida la vida digna y que los derechos laborales no sean de naturaleza alimentaria”.