La Justicia laboral de Rawson falló a favor de un trabajador pesquero, ordenando a una ART el pago de más de 93 millones de pesos. La jueza cuestionó la atención médica recibida y elevó significativamente el porcentaje de incapacidad reconocido.
Un marinero que se desempeñaba en un buque pesquero obtuvo un fallo favorable en la Justicia laboral tras demandar a una aseguradora de riesgos del trabajo por un accidente que le dejó secuelas permanentes en su mano derecha. La resolución fue dictada por la jueza de Rawson, Amorina Testino.
El hecho ocurrió el 16 de febrero de 2025, mientras el operario realizaba tareas sobre la cubierta de una embarcación de la empresa Costa Chubut S.A. En medio de una maniobra brusca, una estructura del barco se cerró sobre su mano, provocándole una fractura junto con un traumatismo contuso cortante en el dedo índice.
Desde el inicio, el trabajador denunció una cadena de irregularidades en la atención posterior al accidente. Según su presentación judicial, no recibió asistencia médica inmediata mientras se encontraba en alta mar y, una vez en tierra, la aseguradora tampoco le brindó atención presencial. En cambio, se le indicaron 20 sesiones de kinesiología a través de videollamadas, tras lo cual fue dado de alta sin mayores evaluaciones.
Uno de los ejes centrales del fallo fue la diferencia entre el grado de incapacidad reconocido inicialmente y el determinado en el proceso judicial. En una primera instancia, la Comisión Médica había fijado una incapacidad del 1,78%, lo que derivó en un pago parcial por parte de la ART. Sin embargo, durante el juicio intervino un perito médico que constató secuelas más severas.
El informe detalló que el marinero presenta una limitación funcional significativa en su mano hábil, con dificultades para realizar movimientos básicos como la empuñadura completa o la pinza digital, capacidades esenciales para su actividad laboral. A partir de estos elementos, la magistrada elevó la incapacidad al 11,99%, al considerar que la lesión impacta de manera directa en su desempeño como trabajador embarcado, donde la fuerza y precisión manual resultan indispensables.
En su resolución, Testino también avanzó sobre un aspecto clave en materia de indemnizaciones: la actualización de los montos. Declaró la inconstitucionalidad de normas que limitaban la recomposición del resarcimiento —como el DNU 669/19— al sostener que esas disposiciones terminaban licuando el crédito del trabajador en contextos inflacionarios.
Como resultado, ordenó a la aseguradora Provincia ART S.A. el pago de una suma total de 93.429.080,59 pesos en concepto de indemnización. El fallo remarca que las ART deben responder conforme a la real capacidad residual del trabajador afectado, garantizando una reparación económica que sea proporcional al daño sufrido. Además, deja planteado un precedente sobre la necesidad de brindar atención médica oportuna y adecuada, especialmente en actividades de riesgo como la pesca en alta mar.