Municipios nucleados en la Federación Argentina de Municipios cuestionan el uso de recursos destinados a infraestructura vial y analizan acciones legales contra el Ministerio de Economía.
Intendentes de todo el país, agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), analizan presentar una denuncia ante la Justicia por el destino de los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles. Estos recursos, históricamente asignados a la infraestructura vial, según los jefes comunales no estarían siendo aplicados en su totalidad a obras de rutas y caminos.
El conflicto se enmarca en una reducción general de las transferencias a las administraciones locales y un freno en la obra pública, lo que -según los intendentes- limita su capacidad de acción y afecta servicios. Una protesta se realizó frente al Ministerio de Economía en reclamo de una solución.
Desde la FAM sostienen que una porción significativa de los fondos recaudados para infraestructura no habría llegado a su destino previsto, lo que impacta en obras y mantenimiento pendientes. Frente a la falta de diálogo, la judicialización del conflicto aparece como una opción sobre la mesa.
El desenlace de esta disputa podría tener implicancias en la ejecución de obras viales y en la relación financiera entre la Nación y los municipios.