La medida, dispuesta por unanimidad, se extenderá por 60 días y estará a cargo de una camarista. El objetivo es auditar el funcionamiento del sistema en el marco de un caso que generó impacto público.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut dispuso por unanimidad la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N° II de Comodoro Rivadavia. La medida, establecida a través del Acuerdo Plenario N° 5659/2026, tendrá una duración de 60 días y estará a cargo de la camarista María Marta Nieto.
La decisión fue firmada por los seis ministros que integran el pleno del organismo: Andrés Giacomone, Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani. El acuerdo establece que la Cámara de Apelaciones de esa circunscripción, en cabeza de Nieto, llevará adelante la intervención en ejercicio de la función de superintendencia delegada por el STJ.
Para cumplir con la tarea, la Cámara contará con la colaboración técnica de la coordinadora de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, Valentina Kresteff, y de la licenciada Gisela Ochoa, funcionaria del Superior Tribunal. Según lo dispuesto, la intervención se realizará mediante una auditoría y contralor del cumplimiento de las misiones y funciones del equipo, debiendo elevarse un informe semanal al STJ sobre su evolución.
En los fundamentos de la medida, se citan acuerdos plenarios anteriores que modifican el sistema de guardias de violencia familiar y de género, y se hace referencia a «un lamentable acontecimiento acaecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las últimas horas, que es de público conocimiento».
Previamente, el presidente del STJ, Andrés Giacomone, había anunciado que se realizaría una auditoría integral para analizar la actuación de todos los organismos y profesionales que intervinieron en un caso específico del fuero de Familia. Giacomone señaló que se trata de una situación que genera «un profundo dolor» y que la revisión no se limitará a un organismo puntual, sino que abarcará juzgados, equipos técnicos, servicios de protección de derechos y otras áreas involucradas.
«Tenemos que hacer un análisis de todo lo acontecido en el fuero de familia, incluyendo a los distintos actores que intervinieron», explicó el magistrado, quien aclaró que el proceso será exhaustivo y que su duración dependerá de la información recabada. El objetivo final de la evaluación, según Giacomone, es realizar un diagnóstico para definir si es necesario adoptar medidas de mejora dentro del sistema.