El padre del niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia presentó una ampliación de la denuncia penal. Solicita la detención de la madre y su pareja por homicidio agravado y señala omisiones de jueces y funcionarios de protección.
A más de una semana del fallecimiento de Ángel López, el niño de 4 años que murió el 5 de abril en la Zona de Quintas de Comodoro Rivadavia, su padre biológico presentó una ampliación de la denuncia penal. El escrito no solo apunta a la madre del menor, Mariela Altamirano, y a su pareja, Maicol González, como presuntos responsables de un homicidio agravado, sino que también señala una corresponsabilidad por parte de funcionarios judiciales y del Servicio de Protección.
La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, solicita la inmediata detención de Altamirano y González bajo los cargos de homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona seguido de muerte. Funda el pedido de prisión preventiva en el «inminente peligro de fuga y la destrucción de evidencia clave».
El documento cita el informe preliminar de la autopsia, que habría revelado lesiones traumáticas en la región craneal incompatibles con una etiología natural. Además, menciona el testimonio de un vecino que habría visto humo proveniente de la vivienda el día del hecho, lo que, según la denuncia, corroboraría la hipótesis de que se quemaron prendas del niño para destruir evidencia.
Uno de los aspectos destacados es la referencia a una frase que, según testigos, la madre habría pronunciado: «¡Vos le pegás al mío!», refiriéndose a Ángel. Para la querella, esta manifestación tendría valor probatorio.
La ampliación de la denuncia incorpora un cuestionamiento a la actuación estatal. Sostiene que la muerte del niño «es la consecuencia directa, previsible y evitable de una secuencia de conductas activas y omisivas» tanto de los cuidadores como de funcionarios. En este marco, se invoca la Ley Lucio, que establece la obligación de denunciar maltrato infantil.
El caso, que conmocionó a la ciudad de Comodoro Rivadavia, ahora incorpora una dimensión institucional. La Justicia deberá resolver en los próximos días el pedido de detención y si amplía la investigación a los funcionarios denunciados.