Un fiscal solicitó el levantamiento del secreto bancario del vocero presidencial y su esposa, y fueron citados cinco testigos para declarar en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al vocero presidencial, Manuel Adorni, registró nuevos avances. El fiscal Gerardo Pollicita solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti.
El objetivo de la medida es acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles operaciones mediante billeteras virtuales. Con esos datos, la Justicia busca contrastar la evolución patrimonial del funcionario con las declaraciones presentadas ante los organismos de control.
En paralelo, el expediente incorporó nuevas citaciones a testigos. En total, cinco personas deberán declarar en los próximos días en el marco de la causa, con el objetivo de reconstruir distintas operaciones económicas vinculadas al entorno de Adorni.
Entre los convocados se encuentra Pablo Martín Feijoo, amigo del vocero e hijo de una de las jubiladas que fue propietaria de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Su nombre surgió tras un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en una inmobiliaria que intervino en la operación.
La Justicia intenta determinar cómo se desarrolló la compra de ese inmueble, ubicado sobre la calle Miró, que luego fue adquirido por el funcionario. Según trascendió en la causa, la operación se habría concretado mediante un anticipo de 30.000 dólares y un financiamiento de aproximadamente 200.000 dólares a un año, sin interés.
Además, fueron citados a declarar los responsables de la inmobiliaria que participó en la transacción, el encargado del edificio donde se encuentra el departamento y el vendedor de una propiedad que el matrimonio adquirió en Exaltación de la Cruz.
Las medidas buscan profundizar la investigación y esclarecer si existieron irregularidades en las operaciones patrimoniales del funcionario. Con el levantamiento del secreto bancario y las nuevas declaraciones testimoniales, la causa avanza en una etapa clave para determinar si hubo o no enriquecimiento ilícito.