El Gobierno encabezado por Javier Milei deberá postergar su intención de acelerar el debate sobre cambios en la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Durante un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales realizado el último miércoles, el oficialismo aceptó convocar a una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo tras los reclamos de legisladores de la oposición.
La propuesta fue impulsada por el diputado Maximiliano Ferraro, del bloque Coalición Cívica ARI, quien argumentó que la instancia responde a lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, así como al Acuerdo de Escazú y a la Ley General del Ambiente, normas que promueven la participación ciudadana y los principios de prevención y no regresión en materia ambiental.
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Ferraro planteó que la audiencia debía extenderse por más de una jornada y garantizar la participación de distintas provincias. Según explicó, el debate debe contemplar la mirada de los distritos involucrados en la gestión de cuencas hídricas vinculadas a los glaciares, por lo que reclamó un mecanismo de discusión con alcance federal.
Ilustrativa-La Izquierda Diario
En ese mismo contexto, diversas organizaciones ambientalistas, científicos y especialistas en biodiversidad advirtieron que la reforma de la Ley de Glaciares podría generar impactos en ecosistemas sensibles de la cordillera.
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Según señalaron distintos sectores académicos y ambientales, los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol fundamental en la regulación del agua y en el equilibrio de las cuencas hídricas, por lo que cualquier modificación en su régimen de protección podría tener consecuencias sobre esos sistemas naturales.
En la misma línea se expresó la diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, quien sostuvo que la audiencia debe ser abierta, transparente y con representación de las distintas jurisdicciones afectadas. También consideró que, si es necesario, las instancias de debate podrían extenderse durante varios días para asegurar la participación ciudadana.
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Frente a estos planteos, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, integrante de La Libertad Avanza, aceptó la propuesta y anunció la realización de una audiencia pública de dos jornadas: una presencial y otra virtual.
Con esta decisión, el oficialismo ya no podrá avanzar con rapidez en el dictamen del proyecto que busca modificar la normativa sobre glaciares. Según estimaciones legislativas, el tratamiento en comisión podría retomarse después de Semana Santa, alrededor del 7 u 8 de abril.
Cómo serán las audiencias
De acuerdo con lo acordado en el plenario, la audiencia pública tendrá carácter abierto, inclusivo y federal. La primera jornada se realizará el 25 de marzo de forma presencial y la segunda el 26 de marzo mediante modalidad virtual, con el objetivo de facilitar la participación de representantes de distintas regiones del país.
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Las actividades se desarrollarán entre las 10 y las 19 en la Sala A del Anexo C del Congreso, con posibilidad de extender el horario. Cada expositor contará con aproximadamente cinco minutos para su intervención, aunque el tiempo final dependerá de la cantidad de participantes inscriptos.
Cómo participar
La audiencia pública es una instancia prevista en la Ley General del Ambiente que permite a la ciudadanía expresar opiniones y aportar información en procesos de toma de decisiones que puedan tener impacto ambiental.
En la misma línea, el Acuerdo de Escazú —ratificado por Argentina— promueve el acceso a la información y la participación pública en cuestiones ambientales, con el objetivo de garantizar que las decisiones sobre recursos naturales se adopten de forma transparente y con intervención de la sociedad.
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