Este jueves, y tras obtener la aprobación en el Senado de la reforma laboral, el Gobierno busca garantizar la media sanción en Diputados de su medida más ambiciosa en materia de seguridad en estas sesiones extraordinarias: un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplace el Régimen de Minoridad (Ley 22.278) sancionado en 1980. Su propuesta contaría con un respaldo mayoritario en la Cámara baja, dado que La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales aportarían sus votos.
El principal cambio que impulsa el Gobierno es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a los 14 años, con el objetivo de «fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social». Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar «por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas» y se habilitan «instancias de mediación con el adolescente imputado».
El dictamen libertario establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; la prestación del servicio a la comunidad; y la amonestación.
Una de las novedades del dictamen del Gobierno fue la oficialización de una partida presupuestaria para la implementación del proyecto, dispuesto en $23.739.155.303. Más de $20.000 millones se destinan a la Defensoría General de la Nación, para garantizar la legítima defensa de los jóvenes en conflicto con la ley.
Plenario Cámara de Diputados
En un plenario de cuatro comisiones en Diputados, el proyecto libertario alcanzó 81 firmas.
Diputados
También proyecta más de $3.000 millones para el Ministerio de Justicia, encargado de definir los «supervisores», una figura de autoridad fundamental para la ejecución del proyecto. Deberán tener «formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social». «Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados», señala y establece que entre sus tareas está «mantener entrevistas semanales con el adolescente y seguir, asistir, supervisar y controlar su evolución durante el proceso y su detención».
Asimismo, refiere que los alojamientos deberán «hacerse efectivo en dependencias acondicionadas especialmente para ese fin, bajo la dirección de personal idóneo para el trato con aquellos». Para ello no se propone un financiamiento concreto, sino que se se establece que la Nación y los distritos «podrán celebrar convenios de colaboración y cooperación a los efectos de dar cumplimiento a todos los estándares previstos en el presente régimen. Estos acuerdos podrán versar sobre el traslado o alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal en extraña jurisdicción».
Régimen Penal Juvenil: proyecto de la oposición
En el plenario de comisiones se presentaron otros cinco dictámenes: dos de rechazo (una del Frente de Izquierda y otro del peronista catamarqueño Sebastián Nóblega), dos que también bajan la edad de imputabilidad a 14 años (Provincias Unidas y de peronistas del Frente Renovador) y otro del sector mayoritario de Unión por la Patria, que representa la segunda propuesta más respaldada.
La principal diferencia con el proyecto oficialista es que el dictamen de la mayoría de Unión por la Patria sostiene la edad de imputabilidad en 16 años. En ese marco, determina que las penas no pueden superar los 10 años; habilita el acceso a la libertad condicional al haber cumplido la mitad de la condena; propone condicionalidades a los traslados discrecionales; y prohíbe la prisión preventiva salvo excepcionalidades de peligrosidad.
La propuesta peronista replica las penalidades alternativas a la privación de la libertad del oficialismo, pero determina mayor hincapié en las garantías procesales y solicita «elaborar un plan individual con prácticas restaurativas destinadas a finalidades reparadoras, de responsabilización, preventivas al delito, y de restitución integral de derechos, en especial en materia de salud mental y de adicciones». A su vez, detalla un «seguimiento de la atención posterior» a la finalidad de la condena para los jóvenes.
Victoria Tolosa Paz
«Me niego a que no tengamos un dictamen propio basado en normas constitucionales», planteó Tolosa Paz al presentar el proyecto de UP.
Aunque no propone fondos para el funcionamiento judicial, sí marca un primer desembolso de $5.800 millones distribuidos en los distritos con criterios de coparticipación para acondicionamiento de la infraestructura. Las sumas presentes en ambos proyectos (aunque el oficialista se enfoca en los gastos judiciales) no se condice con los costos de un proceso extendido de construcción o de refacción de las unidades. Como parámetro, se pueden señalar las inversiones -todas por encima de los $100.000 millones- recientemente anunciadas para el Cemax de Córdoba, la nueva Unidad de Piñero o el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.
Dado que el plazo de adecuación del proyecto es de 180 días, la infraestructura se convierte en un punto crítico. Según los datos abiertos del Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de alojamiento (RNLPyC) del Comité Nacional Para la Prevención de la Tortura (CNPT), existen 100 establecimientos especializados para el Sistema Penal Juvenil en la Argentina. Buenos Aires cuenta con 37 de ellos y Santa Fe con 10: ninguna otra provincia supera el dígito y 17 de ellas no superan las tres unidades. Tierra del Fuego no cuenta con ninguna.
El mismo organismo detalló que esos edificios «en muchos casos no respetan los estándares mínimos de alojamiento en cuanto a metrajes mínimos, diseño y distribución de los espacios. En su mayoría, se asemejan a pequeñas cárceles, con rejas, puertas con candados y aislamiento constante”. Sin contar la necesidad de garantizar que el personal logre ser el idóneo, la urgencia por el acondicionamiento de los centros de detención será la clave para que el proyecto pueda contener la ampliación de la población juvenil y cumplir con su redacción.