La Ley Nacional 26.639, conocida como Ley de Glaciares, forma parte del marco ambiental argentino y tiene como objetivo la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de recursos hídricos.
La norma fue sancionada en 2010 y se aplica en todo el territorio nacional con especial incidencia en las regiones cordilleranas.
La legislación define como glaciares a todas las masas de hielo perenne, cualquiera sea su tamaño o estado de conservación, y como ambiente periglacial a las áreas con suelos congelados que cumplen una función clave en la regulación del agua. Ambos espacios quedan alcanzados por un régimen de protección especial.
Entre los puntos centrales de la ley se encuentra la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares. Esto incluye la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la liberación de sustancias contaminantes y cualquier obra que implique su destrucción, traslado o alteración significativa.
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Otro eje fundamental es la creación del Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Este relevamiento identifica, mide y monitorea los glaciares del país, y funciona como herramienta técnica para la aplicación de la ley y la planificación territorial.
Desde su sanción, la Ley de Glaciares generó tensiones con sectores productivos y gobiernos provinciales, especialmente en zonas con proyectos mineros en alta montaña. La norma fue objeto de planteos judiciales, aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su constitucionalidad y afirmó la obligación del Estado de garantizar el derecho a un ambiente sano.
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En la actualidad, el debate sobre una posible modificación de la ley volvió a instalarse en la agenda pública. Las propuestas en discusión apuntan, según trascendió, a redefinir los alcances del ambiente periglacial o a flexibilizar las restricciones sobre determinadas actividades económicas.
Especialistas y organizaciones ambientales advierten que cualquier cambio que reduzca los niveles de protección podría generar un impacto directo sobre las fuentes de agua dulce. Los glaciares cumplen un rol clave al alimentar ríos y cuencas que abastecen a poblaciones, zonas agrícolas y actividades productivas, especialmente en períodos de sequía.
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En un contexto de cambio climático, el retroceso de los glaciares es una preocupación creciente. La pérdida o degradación de estas masas de hielo podría profundizar problemas de escasez hídrica y aumentar la vulnerabilidad ambiental de amplias regiones del país.
Además del impacto ambiental, una modificación de la Ley de Glaciares podría derivar en nuevos conflictos judiciales y sociales, al reabrir discusiones sobre el uso del territorio y la competencia entre Nación y provincias. También podría generar tensiones con comunidades locales que dependen del agua de origen glaciar.
La discusión sobre esta norma excede el plano técnico y plantea un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo, la explotación de los recursos naturales y la responsabilidad del Estado en la protección de bienes comunes estratégicos. El alcance que finalmente tenga la Ley de Glaciares será determinante para el futuro ambiental y productivo de la Argentina.