En la mañana de este jueves se llevó a cabo una audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumplen los coimputados Eduardo Castelblanco y Diego Pascal, por un hecho ocurrido entre la noche del 25 y la madrugada del 26 de abril en Comodoro Rivadavia.
El fiscal general Adrián Cabral, acompañado por la funcionaria Natalia Gómez, solicitó que ambos permanezcan detenidos hasta la finalización del plazo de investigación, previsto para el próximo 28 de octubre. La jueza penal subrogante, Raquel Tassello, hizo lugar al pedido y resolvió mantener la prisión preventiva por dos meses más, al considerar la gravedad del hecho y la expectativa de pena.
LA VICTIMA ESCAPO, PERO NO SOBREVIVIO
De acuerdo con la investigación, los imputados habrían agredido físicamente a la víctima, quien logró escapar y llegar al Hospital Regional, donde quedó internada en terapia intensiva. La calificación provisoria del caso es “abuso sexual con acceso mediante la utilización de un elemento, agravado por ser cometido por dos o más personas”, en calidad de coautores, delito que contempla una pena mínima de ocho años de prisión.
Con el avance de la causa, la víctima falleció y si bien se practicó la autopsia, aún resta conocer el resultado del informe anatomopatológico para determinar la causa de muerte.
Durante la audiencia, la defensa de Pascal —a cargo de la defensora pública María de los Ángeles Garro— presentó un informe socioambiental y pidió evaluar un arresto domiciliario, argumentando que su asistido no tiene antecedentes y se mantiene el principio de inocencia.
En tanto, la defensora de Castelblanco, María Cristina Sadino, no se opuso al mantenimiento de la preventiva, aunque también remarcó la vigencia de la presunción de inocencia.
El fiscal recordó que a Castelblanco se le había revocado recientemente la libertad condicional, otorgada el 13 de abril, por lo que el riesgo de fuga y la gravedad del hecho justifican la continuidad de la medida cautelar.
Finalmente, la jueza Tassello resolvió que ambos imputados continúen detenidos hasta el 28 de octubre, al considerar que existen evidencias suficientes para acreditar el abuso sexual y que la prisión preventiva resulta razonable y proporcional en relación a la pena en expectativa.