El gobernador Rolando Figueroa planteó que, de avanzar una reforma, su provincia buscaría una alícuota reducida para incentivar la actividad. La iniciativa se enmarca en un proyecto nacional que otorgaría mayor autonomía tributaria a las jurisdicciones.
Neuquén se posiciona en el debate por una posible reforma fiscal a nivel nacional con una propuesta concreta: bajar el IVA en la provincia para incentivar la actividad económica. Así lo planteó el gobernador Rolando Figueroa, quien anticipó que, si se avanza con un esquema diferencial por jurisdicción, Neuquén buscará tener una alícuota más baja.
“El objetivo es claro: reducir la carga impositiva para generar más movimiento económico”, sostuvo el mandatario, al referirse a un proyecto que impulsa cambios en el actual esquema del Pacto Fiscal. Figueroa remarcó que la provincia está dispuesta a asumir ese desafío y que la reducción de impuestos puede convertirse en una herramienta clave para el crecimiento, en un contexto donde las provincias podrían definir parte de su política tributaria.
El planteo del gobernador se inscribe en una línea de gestión que ya muestra medidas concretas. En el sector turístico, por ejemplo, se eliminó el impuesto a los Ingresos Brutos para actividades gastronómicas y hoteleras en regiones como el Alto Neuquén y el Limay, con el objetivo de fomentar la inversión y el desarrollo. Además, destacó que la carga impositiva provincial se mantiene entre las más bajas del país, con un alto porcentaje de contribuyentes que abonan alícuotas reducidas.
En ese sentido, el mandatario aseguró que Neuquén busca consolidarse como una provincia con menor presión fiscal, lo que podría traducirse en mayores oportunidades económicas y generación de empleo. La propuesta de un IVA diferencial forma parte de un debate más amplio que debe resolverse a nivel nacional.
Figueroa expresó su expectativa de que el Congreso avance con el proyecto impulsado desde Nación, que permitiría a las provincias tener mayor autonomía para definir sus impuestos. En ese escenario, cada jurisdicción debería evaluar qué nivel de presión impositiva está dispuesta a sostener, lo que abre un nuevo esquema de competencia fiscal entre provincias.