La Inspección General de Justicia intervino en la interna de la reconocida entidad deportiva de Comodoro Rivadavia tras confirmar un escenario de acefalía inminente y graves irregularidades administrativas.
Las tensiones internas dentro del Club Atlético Florentino Ameghino escalaron hasta un punto cúlmine y obligaron al gobierno provincial a tomar el control del proceso electoral. El quiebre definitivo quedó plasmado en la reciente Resolución 62 de la Inspección General de Justicia, un documento que revela el colapso administrativo de la institución deportiva comodorense tras meses de disputas internas irreconciliables.
El conflicto estalló en los pasillos gubernamentales el pasado 21 de abril, cuando el presidente de la entidad llegó a las oficinas públicas acompañado por el secretario de actas y varios vocales. Las autoridades del organismo señalaron que los dirigentes reconocieron abiertamente «la necesidad de convocar a Asamblea General Ordinaria y de empadronar nuevos socios» para intentar renovar la cúpula directiva.
Apenas cinco días después, un grupo opositor de socios irrumpió con patrocinio letrado para denunciar severas irregularidades en el manejo de la institución y exigir su propio llamado a las urnas.
Fugas bloqueadas y el peso de la ley
Frente a este escenario de fractura total, los miembros de la comisión directiva buscaron una salida rápida y presentaron sus renuncias formales para desvincularse de los problemas. Sin embargo, la Inspección General de Justicia frenó en seco la maniobra amparándose en el Código Civil y Comercial, al advertir que este tipo de dimisiones deben considerarse rechazadas si generan un vacío de poder.
El dictamen oficial fue categórico al fundamentar que «la renuncia no puede afectar el funcionamiento de la Comisión Directiva» ni paralizar las decisiones previamente tomadas, obligando a los dirigentes a permanecer en sus puestos hasta que los socios logren votar.
El relevamiento de la documentación social dejó al descubierto falencias operativas insalvables. Si bien la dirigencia logró entregar los balances atrasados correspondientes al extenso período entre 2016 y 2023, los funcionarios provinciales detectaron una omisión gravísima.
La resolución detalla que el club omitió acompañar el vital Libro Registro de Asociados, una carencia que según el Estado «impide verificar el cumplimiento de los requisitos de antigüedad y pago de cuotas sociales» exigidos por el propio estatuto para participar de la vida democrática de la entidad.
Un padrón bajo vigilancia extrema
Ante la imposibilidad de utilizar un listado de socios confiable, el organismo provincial ordenó abrir un proceso de empadronamiento masivo que se llevará a cabo en la histórica sede de la calle Miguel Jones al 300. Para garantizar la transparencia del trámite que se extenderá entre el 16 y el 29 de junio, la provincia impuso reglas de convivencia sumamente estrictas. Las autoridades gubernamentales dispusieron que los delegados de las dos facciones enfrentadas deberán estar presentes todas las tardes para controlar de forma conjunta la inscripción de cada vecino.
El cronograma diseñado por la provincia culminará con un enfrentamiento definitivo en las urnas. La Inspección General de Justicia convocó a una Asamblea General Ordinaria para el próximo 25 de julio a las 14.00, momento en el cual los socios habilitados tendrán la responsabilidad de elegir a la nueva comisión directiva. Para asegurar el orden durante la jornada decisiva, el Estado designó a la doctora Clarisa Araceli Vázquez con el mandato expreso de presidir el acto y encauzar el futuro institucional del club.