La entidad rural valoró la investigación que permitió reunir pruebas y avanzar con una condena contra los responsables del delito.
La Sociedad Rural de Esquel realizó un reconocimiento público a la fiscalía y a la Policía del Chubut por su intervención en una causa por robo de ganado ocurrida en la provincia. El caso concluyó con la identificación de los responsables y una condena judicial.
De acuerdo con la información difundida, la investigación permitió avanzar en una serie de robos de ganado mediante la recolección de pruebas y el trabajo conjunto entre el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad. La entidad destacó especialmente el desempeño del procurador de fiscalía Ismael Cerda. En ese sentido, el texto señala que “El resultado de la investigación seria y profesional logró demostrar los hechos imputados y la correspondiente condena a sus autores”.
El reconocimiento formal fue realizado a través de una carta enviada a la Jefa de Fiscales, la doctora María Bottini, firmada por el presidente de la Sociedad Rural de Esquel. En paralelo, también se puso en valor el trabajo de la División de Asuntos Rurales de la Policía del Chubut, que participó en las tareas de investigación, aportó elementos clave para la causa y colaboró en la identificación de los implicados.
El caso se enmarca en una problemática recurrente en zonas rurales de la provincia, donde el robo de ganado representa un delito complejo de investigar y que requiere coordinación entre la justicia y las fuerzas de seguridad para su resolución.
El caso
Una investigación judicial y policial desarrollada en la cordillera chubutense permitió desarticular una maniobra de robo, faena y comercialización ilegal de ganado ovino que tenía como protagonista a un puestero rural que aprovechaba la confianza de su empleador para sustraer animales de una estancia ubicada entre El Pescado y Gualjaina.
El caso terminó con tres personas condenadas a través de un juicio abreviado acordado con la Fiscalía de Esquel, luego de que los acusados admitieran su participación en los hechos investigados. La causa, impulsada por el procurador fiscal Ismael Cerda junto a la División de Asuntos Rurales de la Policía del Chubut, giró en torno al robo de corderos en la Estancia La Elvira, situada sobre la Ruta 14.
Según estableció la investigación, el principal acusado fue Juan José Penchulef, de 38 años, quien trabajaba como empleado del establecimiento y estaba encargado del cuidado de los animales. De acuerdo con la acusación, el hombre aprovechaba su acceso libre a los cuadros de la estancia para seleccionar corderos de raza MPM, faenarlos dentro del campo y ocultarlos en cajas antes de trasladarlos a caballo hasta la ruta. Desde allí, la carne era enviada a Esquel mediante encomiendas a través de una empresa de transporte de la zona.
Una red para vender carne ilegalmente
La Fiscalía determinó que Penchulef actuaba junto a Pamela Gisel Del Río, también de 38 años, quien recibía los animales faenados en Esquel y se encargaba de comercializarlos de manera clandestina para luego repartir las ganancias. El primer episodio investigado ocurrió en noviembre de 2023 y permitió comprobar el robo de al menos 15 corderos. Un año más tarde, en noviembre de 2024, la maniobra volvió a repetirse bajo la misma modalidad. En esa oportunidad, Penchulef envió otros dos animales faenados a Ana Beatriz González, de 37 años y pareja del acusado.
Para llegar a los responsables, la Fiscalía y Asuntos Rurales desplegaron una investigación que incluyó intervenciones telefónicas, seguimientos, geolocalización y entregas vigiladas. Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron además que actualmente cuentan con nuevas herramientas para investigar redes locales de abigeato, aunque aclararon que no fueron detalladas públicamente por cuestiones de seguridad.
Las condenas
Frente a la contundencia de las pruebas reunidas durante la investigación, las defensas aceptaron avanzar mediante un juicio abreviado bajo las figuras de abigeato simple y encubrimiento. Como resultado del acuerdo, Juan José Penchulef y Pamela Gisel Del Río fueron condenados a dos años de prisión de ejecución condicional, por lo que no irán a prisión efectiva, aunque deberán cumplir pautas de conducta fijadas por la Justicia. Además, ambos recibieron una multa económica de $ 2.100.000. En tanto, Ana Beatriz González obtuvo una salida alternativa por el delito de encubrimiento debido a su menor participación en los hechos. Como parte de la resolución, debió pedir disculpas formales y realizar 20 horas de tareas comunitarias.
Gacetilla del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR