La medida judicial seguirá vigente mientras la Cámara Federal analiza el recurso presentado por el Estado nacional. El fallo exige regularizar en 72 horas los pagos adeudados a instituciones y centros terapéuticos vinculados a PAMI e Incluir Salud.
El Gobierno nacional apeló la medida cautelar que obliga a regularizar en un plazo de 72 horas las deudas que mantienen PAMI e Incluir Salud con prestadores de servicios destinados a personas con discapacidad.
La resolución había sido dictada por el juez federal Hugo Vaca Narvaja, en el marco de un amparo colectivo impulsado por organizaciones y centros terapéuticos de la provincia de Córdoba.
La apelación presentada por el Estado fue admitida con efecto devolutivo, por lo que la cautelar continuará vigente mientras la Cámara Federal correspondiente analiza el planteo oficial. De esta manera, la orden judicial de cancelar las deudas pendientes seguirá teniendo validez hasta que exista una nueva resolución o una sentencia definitiva sobre el fondo de la causa.
El expediente fue promovido por la abogada Marta Lastra en representación de la organización Defendamos Córdoba y distintas instituciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad, entre ellas APADIM y el Pequeño Cottolengo Don Orione. Los demandantes denunciaron atrasos reiterados en los pagos que afectan el funcionamiento de centros terapéuticos, tratamientos médicos y prestaciones esenciales.
En los fundamentos de la resolución, el juez sostuvo que el Estado se encuentra en mora respecto de sus obligaciones y advirtió que las demoras ponen en riesgo la continuidad de servicios fundamentales para personas con discapacidad, especialmente beneficiarios de pensiones no contributivas y titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La cautelar también estableció que la medida tendrá una vigencia inicial de seis meses o hasta que exista una sentencia firme. Según trascendió, el fallo busca garantizar la continuidad de terapias, medicamentos, transporte y atención integral para miles de usuarios que dependen de las prestaciones financiadas por el sistema nacional.
La causa además incorpora cuestionamientos a la Resolución 28/2026 del Gobierno nacional, normativa mediante la cual se eliminaron subsidios destinados a empresas de transporte de larga distancia para cubrir pasajes gratuitos de personas con discapacidad, pacientes trasplantados y menores con tratamientos oncológicos.
El conflicto se suma a una serie de reclamos que organizaciones, familias y prestadores vienen realizando desde hace meses en distintos puntos del país por los atrasos en los pagos y las dificultades económicas que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad.