La diputada provincial Andrea Aguilera defendió la implementación de la ley que restringe el uso de teléfonos celulares en establecimientos de detención de Chubut y destacó la reciente adhesión provincial a la Ley Antimafia.
La diputada provincial Andrea Aguilera defendió la implementación de la ley que restringe el uso de teléfonos celulares en los establecimientos de detención de Chubut y afirmó que la medida apunta a frenar delitos que, según indicó, eran organizados desde el interior de las cárceles. Además, destacó la reciente aprobación de la adhesión provincial a la denominada Ley Antimafia, impulsada por el gobernador Ignacio Torres.
En diálogo con ADNSUR, Aguilera sostuvo que antes de la sanción de la norma existían numerosos casos en los que personas privadas de la libertad mantenían contacto permanente con el exterior mediante dispositivos electrónicos. “Las cárceles se habían convertido en los call centers del delito”, afirmó la legisladora, al señalar que parte de las investigaciones vinculadas a ciberdelitos detectaban conexiones originadas dentro de establecimientos penitenciarios de la provincia.
La diputada explicó que la normativa no implica la incomunicación de los detenidos, sino un esquema de control más estricto sobre los dispositivos habilitados. En ese sentido, indicó que los internos pueden utilizar teléfonos de primera generación, aptos únicamente para llamadas, sin acceso a redes sociales ni aplicaciones de mensajería. También remarcó que se mantienen las herramientas necesarias para quienes cursan estudios o requieren contacto con defensores y profesionales de la salud.
Aguilera señaló además que uno de los objetivos centrales es impedir el ingreso de celulares, chips y otros dispositivos tecnológicos que puedan ser utilizados para coordinar delitos desde el interior de los establecimientos. Incluso mencionó que en algunos casos también se detectó el uso de consolas de videojuegos como vía de comunicación con el exterior.
La legisladora reconoció que la implementación plena de la ley demandará tiempo, ya que el Ministerio de Seguridad cuenta con un plazo de 180 días para adecuar la infraestructura y reglamentar distintos aspectos operativos. También explicó que las soluciones pueden variar según cada establecimiento, ya que el uso de inhibidores de señal no resulta viable en todos los casos debido a la proximidad con zonas urbanas.
Durante la entrevista, Aguilera también se refirió a la reciente adhesión de Chubut a la llamada Ley Antimafia, una iniciativa promovida por el Ejecutivo provincial tras una serie de hechos violentos registrados en Comodoro Rivadavia.
La diputada explicó que la norma, denominada técnicamente Ley de Organizaciones Criminales, busca dotar al Estado de herramientas específicas para investigar y perseguir estructuras delictivas complejas que operan de manera organizada, con división de roles, recursos económicos y presencia en distintas jurisdicciones.
“La respuesta del Estado tiene que ser similar a la lógica con la que actúan estas organizaciones. Se necesita coordinación institucional, información compartida, inteligencia criminal y cooperación entre organismos”, sostuvo.
Aguilera recordó que el proyecto ingresó a la Legislatura la semana pasada, fue tratado en comisión y finalmente aprobado por los diputados provinciales. Según explicó, la aplicación de la ley requerirá una actuación conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público Fiscal.
En ese sentido, indicó que la adhesión provincial establece que los pedidos para activar las herramientas previstas en la normativa deberán contar con la intervención del gobernador y del procurador general de la provincia. La legisladora señaló que durante el tratamiento legislativo mantuvieron conversaciones con el titular del Ministerio Público Fiscal y aseguró que existe coincidencia institucional respecto de la necesidad de utilizar esta herramienta frente a determinados casos vinculados al crimen organizado.