La causa judicial por la cooperativa Viento Sur avanza en los tribunales neuquinos con la lentitud propia de una investigación compleja. El expediente revela tensiones sobre si existió una maniobra fraudulenta organizada o un sistema administrativo desordenado.
La causa judicial por la cooperativa Viento Sur avanza en los tribunales neuquinos con la lentitud propia de una investigación compleja. A medida que se analizan pericias, expedientes administrativos y chats de WhatsApp, el expediente empieza a revelar una tensión de fondo que puede cambiar el curso del proceso: si existió una maniobra fraudulenta organizada o si el propio Estado provincial era un sistema administrativo desordenado, políticamente tolerado y sin los controles necesarios para manejar los fondos que se transferían.
La investigación apunta a una presunta defraudación de $1.208.657.600 vinculada al «Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil», creado por el decreto 1672/22 durante la gestión de Omar Gutiérrez. El programa nació como respuesta a la presión de organizaciones sociales que cortaban la Avenida Argentina y que, con el tiempo, constituyeron la cooperativa Viento Sur para canalizar los fondos que el Estado provincial destinaba a sostener lo que durante años se denominó en Neuquén la «paz social»: básicamente, pagar para evitar bloqueos en rutas y calles.
La cooperativa reunía a dirigentes del FOL, el Polo Obrero y otras organizaciones. En la causa están imputados integrantes de la cooperativa, dirigentes sociales y los exministros de Desarrollo Social Abel Di Luca y Germán Chapino, incorporados al expediente en una etapa posterior. La Fiscalía sostiene que ambos funcionarios autorizaron pagos mensuales sin verificar requisitos administrativos, sin controles previos ni rendiciones adecuadas de fondos. Los desembolsos habrían comenzado incluso antes de la firma formal del decreto y se extendieron entre julio de 2022 y diciembre de 2023.
La imputación quedó encuadrada bajo las figuras de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación, los fondos destinados a capacitaciones laborales terminaron utilizándose para otros fines: pagos directos a beneficiarios, transferencias personales, compra de vehículos, adquisición de terrenos y constitución de plazos fijos.
Dentro de la investigación también aparece el referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Diego Mauro, señalado como uno de los presuntos organizadores de la maniobra. Sin embargo, el análisis de la documentación oficial complejiza la lectura. Durante 2022 y 2023, la Contaduría General de la Provincia emitió distintos informes desfavorables sobre Viento Sur: detectó inconsistencias en los listados de beneficiarios, subsidios duplicados, ausencia de programas de capacitación claros, diferencias en montos declarados y comprobantes ilegibles o inexistentes. En uno de esos informes se advirtió expresamente que las transferencias realizadas «no resultan compatibles» con el objeto del programa.
Pero hay un dato que empieza a ganar peso en la estrategia defensiva: el decreto 1672/22 no establecía un régimen detallado de rendición de cuentas como el que hoy está en el centro de la acusación penal. Recién hacia noviembre de 2023, la Contaduría comenzó a exigir formalmente planillas específicas, presupuestos, facturas y padrones completos de beneficiarios. Es decir, muchas de las exigencias que hoy se consideran incumplimientos graves fueron formalizadas cuando gran parte de los fondos ya habían sido transferidos.
A eso se suma otro argumento de la defensa: pese a las observaciones de los organismos de control, los expedientes administrativos siguieron avanzando y los pagos nunca fueron paralizados. Ese punto podría convertirse en uno de los argumentos más sólidos para Di Luca y Chapino: que el propio Estado continuó validando el circuito aun cuando existían observaciones técnicas internas. «Quieren hacer creer que los funcionarios se quedaban con el dinero y esto no es así, se pagaba y punto como dice el decreto», señaló una fuente del caso.
Uno de los elementos más sensibles de la investigación es la aparición de una exdirigente de Viento Sur que inicialmente estuvo imputada y que hoy, tras recibir un criterio de oportunidad, podría convertirse en testigo de la Fiscalía. Si bien su identidad no puede difundirse judicialmente, según la causa era una de las personas autorizadas para operar las cuentas de la cooperativa, y desde su usuario se realizaron transferencias directas a Diego Mauro. La Fiscalía considera que su testimonio puede ser determinante para reconstruir el movimiento de los más de 1.200 millones de pesos bajo investigación.
La jueza de garantías Natalia Pelosso prorrogó por cuatro meses el plazo de investigación. La Fiscalía avanzará con pericias sobre teléfonos celulares, análisis contables, reconstrucción de transferencias e informes internos del Ministerio. La investigación concluiría en agosto, y el juicio podría iniciarse a fin de año.