Con la plena vigencia de la reforma laboral, las reglas para contratar, despedir y registrar empleadas domésticas se modificaron en todo el país. En Chubut, donde el trabajo doméstico tiene peso en el empleo informal, la nueva normativa busca reducir litigios y simplificar costos.
El empleo en casas particulares atraviesa uno de los cambios más profundos de los últimos años. Con la entrada en vigencia plena de la reforma laboral, las reglas para contratar, despedir y registrar empleadas domésticas comenzaron a modificarse en todo el país y ya generan dudas tanto entre trabajadoras como empleadores.
En provincias como Chubut, donde el trabajo doméstico representa una parte importante del empleo informal, la nueva normativa pone el foco en reducir la litigiosidad y simplificar los costos laborales. Sin embargo, especialistas advierten que el cambio no implica “libertad total” para los empleadores: el registro ante ARCA y el cumplimiento de aportes continúan siendo obligatorios.
Uno de los puntos que más repercusión generó es la ampliación del período de prueba. A partir de mayo de 2026, los contratos por tiempo indeterminado tendrán seis meses de evaluación, lo que modifica de manera directa la estabilidad inicial de las trabajadoras de casas particulares. Hasta ahora, el período de prueba era considerablemente menor. Con la reforma laboral, el empleador podrá finalizar la relación laboral durante los primeros seis meses sin pagar indemnización por antigüedad y sin necesidad de justificar la decisión.
La modificación representa un cambio fuerte dentro del régimen de la Ley 26.844, especialmente en un sector donde históricamente existieron conflictos judiciales vinculados a despidos y empleo no registrado. De todos modos, la norma establece límites claros para evitar abusos. El empleador no podrá volver a contratar a la misma trabajadora bajo un nuevo período de prueba con el objetivo de extender el beneficio. Una vez superados los 180 días, la empleada doméstica recupera plenamente la estabilidad laboral prevista en el régimen especial y cualquier despido deberá contemplar el pago de indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado, tomando como referencia la mejor remuneración mensual habitual.
En paralelo, también se mantienen derechos salariales vigentes en la Patagonia, como el adicional por zona desfavorable del 31% y el plus por antigüedad del 1% anual.
Otro de los puntos centrales de la reforma es la eliminación de las multas vinculadas al trabajo no registrado. Hasta ahora, muchas demandas laborales incluían sanciones que duplicaban o incrementaban de manera considerable las indemnizaciones cuando se comprobaba que la trabajadora no estaba registrada. Con el nuevo esquema, esas penalidades desaparecen y el costo del despido queda limitado a la indemnización base correspondiente. El objetivo oficial es reducir la cantidad de juicios laborales y generar mayor previsibilidad para los empleadores.
Además, se modifica el mecanismo de actualización de deudas laborales. A partir de ahora, los montos judiciales se ajustarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa anual del 3%, reemplazando los criterios variables que aplicaban distintos juzgados.
La reforma también avanza sobre la digitalización total de la relación laboral. Desde este mes, el recibo electrónico generado a través de ARCA y la constancia bancaria de pago serán considerados la principal prueba válida para acreditar el cumplimiento salarial. En ese escenario, contadores y especialistas recomiendan mantener actualizada toda la documentación laboral, especialmente en el caso de empleadores que aún sostienen relaciones informales. Aunque desaparecen las multas, la falta de registración puede seguir generando conflictos judiciales y problemas con la cobertura de ART.
Mientras tanto, tanto empleadores como trabajadoras esperan la próxima actualización salarial del sector, en un contexto económico donde la inflación continúa impactando de lleno sobre los ingresos de las empleadas domésticas en todo el país.