Un informe del Instituto de Economía de la UADE revela que la alícuota en Río Negro alcanza el 3,5%, la más alta del país, mientras que en Córdoba es del 1,07%. La diferencia puede implicar un pago anual hasta cuatro veces mayor para el mismo vehículo.
La presión impositiva sobre los vehículos en Argentina vuelve a quedar en el centro del debate. Un reciente informe elaborado por el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), difundido por La Nación, muestra que la patente automotor presenta una dispersión marcada entre provincias, con Río Negro en el extremo más alto de la escala.
Según el relevamiento, la alícuota promedio nacional ronda el 1,93%, pero esa cifra esconde fuertes contrastes. En un extremo aparece Córdoba con apenas 1,07%, mientras que Río Negro alcanza el 3,5%, la más elevada del país.
Esta diferencia impacta directamente en el bolsillo de los contribuyentes: un mismo vehículo puede pagar hasta cuatro veces más dependiendo de dónde esté radicado. El informe pone como ejemplo un auto de gama baja del año 2016. En Córdoba, su dueño abona poco más de $70.000 anuales, mientras que en Río Negro el monto trepa a casi $300.000.
Esta brecha genera, incluso, estrategias entre los usuarios, que en algunos casos optan por radicar sus vehículos en distritos con menor carga tributaria.
El análisis también revela que el sistema actual no responde tanto al uso del vehículo como a su valor. Es decir, la patente funciona en la práctica como un impuesto patrimonial: cuanto más caro es el auto, mayor es la carga, independientemente de cuánto circule. Esto genera situaciones en las que dos vehículos con el mismo nivel de uso pagan montos muy distintos solo por pertenecer a segmentos diferentes.
En términos generales, las alícuotas crecen de manera progresiva según la gama. A nivel país, los autos más económicos tributan en promedio un 1,54%, mientras que los de alta gama llegan al 3%. En el medio, los vehículos de gama media y media-alta también registran incrementos significativos, consolidando un esquema donde el precio es el factor determinante.
El informe de UADE advierte que este modelo abre la puerta a discusiones sobre su equidad. Tradicionalmente, la patente se justificó como una contribución al mantenimiento de calles y rutas, bajo la lógica de que quienes más usan la infraestructura deberían pagar más. Sin embargo, en la práctica, esa relación no es directa.
Frente a este escenario, comienzan a surgir propuestas para reformular el sistema. Una de las alternativas en análisis es la implementación de una tasa de circulación, que contemple variables como el peso del vehículo, el tipo de uso o el impacto real sobre la infraestructura vial. Este enfoque buscaría una mayor correspondencia entre lo que se paga y el desgaste que efectivamente genera cada unidad.
No obstante, cualquier cambio implica desafíos importantes. La patente automotor es una fuente clave de ingresos para provincias y municipios, por lo que modificar su esquema requiere un delicado equilibrio fiscal y político.
En cuanto al parque automotor, los datos muestran que más de la mitad de los vehículos en Argentina pertenecen al segmento económico, lo que explica en parte la estructura de recaudación. Además, la mayor concentración se da en distritos como Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reúnen casi la mitad de los patentamientos del país en la última década.
El escenario actual deja en evidencia una realidad fragmentada: dependiendo de la provincia, tener un auto puede implicar costos muy distintos. Y en ese mapa, Río Negro se posiciona como el distrito con la mayor carga impositiva, un dato que reaviva el debate sobre la equidad del sistema tributario automotor en la Argentina.