En una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, representantes de organizaciones sociales presentaron datos sobre represiones policiales y calificaron al gobierno de Javier Milei como ‘el más represor de la democracia’.
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, presidida por el diputado Horacio Pietragalla Corti, se reunió este martes para recibir a referentes de organizaciones sociales, quienes expusieron sobre la situación del derecho a la protesta y las represiones policiales en el marco del protocolo anti piquete del gobierno de Javier Milei.
Al inicio de la jornada, se completaron las autoridades de la comisión: la diputada oficialista Lorena Petrocvich fue designada vicepresidenta segunda, la diputada Eliana Bruno (LLA) fue elegida para la segunda secretaría, y se hizo reserva de la secretaría tercera. Desde Unión por la Patria propusieron a Javier Andrade para la primera secretaría.
Antes de las exposiciones, la vicepresidenta segunda Lorena Petrocvich cuestionó que su bloque ‘no fue consultado para armar la lista de oradores’ y lamentó no haber podido ‘escuchar a las distintas voces’. Pietragalla Corti le aclaró que se pasó una lista de citación y que ‘no cercenamos a nadie’.
El abogado y representante de la COREPI, Emanuel Zuccolo, sostuvo que ‘toda la batería de leyes y decretos sancionados por el Legislativo y el Ejecutivo van de la mano con la represión a los colectivos afectados por la quita de derechos’. Zuccolo recordó que ‘a lo largo de estos años hemos visto como se ha reprimido ferozmente mediante operativos multifuerza a quienes osan disentir’ y ejemplificó con las marchas de jubilados.
Zuccolo precisó que hay ‘más de 1.500 personas heridas en dos años por la represión estatal en la protesta social’ y ‘más de 300 detenciones arbitrarias’ en la Ciudad de Buenos Aires. Denunció al gobierno de Milei como ‘el más represor de la democracia’ y señaló que ‘el aparato represivo del Estado se llevó la vida de 1.081 personas en sus dos primeros años en casos de gatillo fácil, femicidios y muerte bajo custodia’.
Por parte del CELS, Diego Morales planteó que el protocolo anti piquetes ‘tiene una interpretación distinta a lo que propone el Código Penal’ y que ‘el Ministerio de Seguridad tiene un exceso porque se aparta de las reglas fijadas para el uso y desarrollo de la actividad policial’. También se refirió a la Ley de Datos Personales, señalando que ‘lo que establece el protocolo es la facultad de las fuerzas de llevar registro de los manifestantes, eso está prohibido’.
Desde la CTA autónoma, Ricardo Peidro manifestó su preocupación por el ‘alarmante incremento de la represión en las calles’ y brindó datos: ‘hubo 107 represiones desde la asunción de Milei, 2.648 heridos y 381 detenidos, con un aumento del 48% en heridos y 123% en detenidos respecto al año anterior’.