Una fundación presentó una denuncia penal contra dos profesionales que elaboraron informes para la revinculación del niño con su madre, quien está imputada por su homicidio. Señalan posibles fallas en el procedimiento.
En el marco de la investigación penal contra la madre y el padrastro de Ángel, imputados por el homicidio del menor, han surgido cuestionamientos sobre el accionar del fuero de Familia y los equipos interdisciplinarios que intervinieron en la decisión de otorgar la guarda del niño a los ahora acusados.
La Fundación Más Vida denunció penalmente a las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, profesionales que participaron del proceso de revinculación y elaboraron informes que fueron analizados por el juez Pablo Pérez. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la denuncia es por los delitos de violación de los deberes de funcionario e informe falso.
Desde la fundación manifestaron que, según su perspectiva, las profesionales «tomaron la decisión por cuestionas ideológicas y así forzaron la revinculación». Asimismo, remarcaron que las psicólogas «ni siquiera conocían las condiciones» del hogar, ya que «no realizaron el informe ambiental». Este estudio podría haber alertado sobre las graves falencias en las que vivían la mujer y su pareja.
Señalaron que la casa donde vivió el niño bajo el cuidado de su madre no reunía las condiciones necesarias, dependiendo de un comedor barrial para alimentarse diariamente. Además, se informó que el niño fue cambiado de jardín, mostrando un cambio abrupto en su comportamiento. Un informe de su maestra indicaba que se mostraba «enojado y angustiado» días antes de mudarse con su madre.