Un proyecto legislativo, que recuperó estado parlamentario, propone restringir el uso de teléfonos móviles en las aulas de la provincia durante el horario de clases, con diferentes criterios según el nivel educativo.
La Legislatura de Chubut retomó el debate sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. El bloque Arriba Chubut impulsa el Proyecto de Ley 039/26, que busca regular el uso de teléfonos celulares en establecimientos educativos de gestión pública y privada durante el dictado de clases.
La diputada Vanesa Abril, coautora de la iniciativa, explicó que el objetivo es diferenciar el aprendizaje digital de los consumos problemáticos. «Una cosa es que aprendan a utilizar la tecnología y otra cosa es que se genere una dependencia y una adicción a la tecnología y, sobre todo, a los teléfonos celulares», señaló.
El proyecto plantea un esquema diferenciado por niveles. En inicial y primario, la prohibición sería estricta para estudiantes y personal docente, con el fin de promover la socialización y un desarrollo pedagógico libre de distracciones digitales. Para el nivel secundario, se permitiría el uso de dispositivos móviles únicamente con fines pedagógicos, previa planificación y autorización del profesor.
La normativa también contempla excepciones para casos vinculados a cuestiones de salud o necesidades específicas para continuar los estudios. Además, aclara que la restricción apunta estrictamente a los momentos de dictado de clases y no al uso para gestiones como movilidad o billeteras virtuales fuera de ese contexto.
Entre los fundamentos, el proyecto cita datos de las pruebas PISA 2022, donde el 54% de los estudiantes argentinos de 15 años reconoció distraerse en clase por el uso de dispositivos digitales. También se menciona un informe de la UNESCO que advierte sobre cómo estas herramientas pueden interrumpir la actividad de aprendizaje.
El futuro de la iniciativa dependerá de su inclusión en el orden del día y su posterior tratamiento en comisiones y en el recinto. De aprobarse, el Poder Ejecutivo tendría un plazo de 30 días para su reglamentación.