El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut inició un sumario administrativo y suspendió preventivamente al titular de la Secretaría de Juzgado de Paz e Interior, Diego Fernando Rodríguez. La resolución generó una fuerte repercusión en el ámbito de la justicia debido a la relevancia del cargo que ocupa el funcionario, quien tiene bajo su responsabilidad la coordinación de todas las dependencias de paz en la geografía provincial.
La determinación se tomó luego de que Javier Raidan, presidente del máximo tribunal chubutense, recibiera información de carácter “reservado y privado”. Según los datos aportados, Rodríguez estaría involucrado en una causa penal radicada en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Las primeras especulaciones dentro del Poder Judicial indicaron que el secretario habría actuado de manera irregular como abogado particular, una actividad que tiene vedada por ley debido al bloqueo de título que pesa sobre los funcionarios judiciales de su jerarquía.
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Sin embargo, Diario Jornada explicó que fuentes cercanas al caso no descartaron que el sumario administrativo incluya episodios más complejos que la simple violación al régimen de incompatibilidades profesionales. La gravedad de la información recibida por el presidente Raidan motivó una reunión de urgencia para evitar cualquier tipo de entorpecimiento en el normal funcionamiento de las instituciones o en la propia investigación administrativa interna.
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Diario Jornada
La entidad y la seriedad de la presunta falta cometida por Diego Rodríguez obligaron a los ministros del Superior Tribunal a suspender sus licencias anuales el pasado 24 de diciembre. En un hecho poco frecuente por la fecha, Mario Vivas y Camila Banfi interrumpieron su descanso y se unieron a una sesión virtual con los ministros Andrés Giacomone, Ricardo Napolitani, Silvia Bustos y el propio Javier Raidan.
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Durante el encuentro, todos los integrantes del tribunal coincidieron en la necesidad de aplicar una medida ejemplificadora para preservar la transparencia del organismo. El acuerdo plenario, registrado bajo el número 5621/25, formalizó no solo la suspensión en el cargo, sino también una medida técnica inmediata: se bloqueó el ingreso del funcionario al Sistema Informático del Poder Judicial en todas sus modalidades y plataformas. Con esto, el máximo tribunal buscó garantizar la integridad de los expedientes digitales y evitar cualquier manipulación de datos sensibles mientras dure el proceso de investigación.
Antecedentes y el peso de la Justicia de Paz
Diego Rodríguez llevaba apenas ocho meses en el cargo al momento de esta suspensión. Su designación ocurrió para cubrir la vacante que dejó Daniel Tejero, quien en su oportunidad resultó exonerado tras otro proceso administrativo que culminó con su desplazamiento definitivo. Esta recurrencia de conflictos en una misma oficina estratégica genera preocupación en las máximas autoridades judiciales de la provincia.
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Para la composición actual del STJ, la Justicia de Paz representa un área clave y sensible. Los ministros definen a estos juzgados como “la cara del Poder Judicial” ante la comunidad, especialmente en el extenso interior chubutense. En los últimos dos años, se inició un proceso de jerarquización de estas dependencias mediante una fuerte inversión en tecnología, infraestructura y la ocupación de cargos que se encontraban vacantes. El objetivo de esta política pública es asegurar que el servicio de justicia llegue a los vecinos de parajes y pueblos alejados con la misma eficiencia que en las grandes ciudades.
Garantizar el acceso al servicio de justicia
Buena parte de la importancia operativa de los juzgados de Paz radica en su función social y territorial. Estas oficinas garantizan el acceso al sistema de justicia para trámites cotidianos pero urgentes, tales como medidas de protección frente a situaciones de violencia doméstica, certificaciones de firmas, permisos de viaje para menores de edad y la resolución de conflictos contravencionales en ámbitos vecinales.
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En este sentido, los ministros acordaron avanzar con la mayor celeridad posible en la resolución del sumario. La intención del tribunal es que, pese a la suspensión de su titular administrativo, el área no sufra complicaciones ni demoras en su trabajo diario. Se espera que en los próximos días se designe a un reemplazo interino para coordinar las tareas logísticas y administrativas que requiere la Justicia de Paz en todo Chubut, mientras el sumariante designado recolecta las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad final de Rodríguez en los hechos que se le imputan.
El avance de la causa penal en Comodoro Rivadavia será determinante para el futuro del funcionario. Si se confirma su participación en litigios privados o cualquier otro delito incompatible con su rol, el proceso administrativo podría derivar en una nueva exoneración, profundizando la crisis de estabilidad en una secretaría que resulta vital para el esquema de cercanía que pretende proyectar el Superior Tribunal hacia el interior provincial.