El gobierno de Javier Milei celebró hoy que la Corte de Apelaciones de Nueva York, en Estados Unidos, resolvió mantener en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska de entregar las acciones de la empresa petrolera como pago, en el juicio por la estatización del 51% de YPF.
Así lo informaron las autoridades de esa corte neoyorquina este viernes.
La jueza Preska, encargada del caso, había determinado en junio que el juicio de US$ 16.100 millones se cancele con el 51% de las acciones que el Estado argentino tiene en la petrolera.
La defensa nacional recurrió a la Cámara de Apelaciones en busca de que se mantuviera en suspenso la transferencia de papeles de YPF, luego de una cautelar temporaria presentada a mediados de julio.
La decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito permite que la Argentina apele aquella decisión de Preska.
Además de los US$ 16.100 millones, la condena de septiembre de 2023 tiene un interés diario mayor a los US$ 2 millones.
El juicio de YPF se inicia en 2015, tres años después de la expropiación. Burford Capital, que se dedica a comprar derechos de litigios, es el principal beneficiario del fallo. El proceso no es por si la Argentina tenía derecho a expropiar o no la compañía, sino que es por no haber realizado la Oferta Pública de Adquisición que indica el estatuto de YPF.
Qué dijo el gobierno
La Procuración del Tesoro de la Nación dijo que también se autorizó la participación como amicus del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había apoyado la posición argentina.
“Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, señaló.
La decisión de la Corte de Apelaciones se limita a la suspensión de la orden de entrega dictada el pasado 30 de junio, mientras se tramita la apelación correspondiente.
El gobierno aclaró que la decisión «no afecta el curso de la apelación de fondo contra la sentencia emitida en septiembre de 2023 -tres meses antes del inicio de la actual gestión- que condena al país a pagar 16.100 millones de dólares más intereses.
“Ese fallo es consecuencia directa de décadas de estatismo y políticas intervencionistas que perjudicaron gravemente a la Nación”, indicó.