Un presunto abuso sexual en perjuicio de una menor que fue declarado prescripto por falta de acción de la fiscalía, provocó una andanada de acusaciones cruzadas que van desde negligencia hasta persecución y acomodo de familiares.
El conflicto tiene su origen en una acusación que supuestamente hizo la fiscal Florencia Gómez cuando los plazos estaban vencidos, lo que hizo que la jueza María Laura Martini, diera por cerrado el trámite y anunciara que enviará el expediente al procurador general, Jorge Miquelarena, para que «no se reiteren los graves errores que se cometieron en la investigación».
En su resolución la jueza consideró que hubo «una mala actuación del Ministerio Público Fiscal haciendo incurrir en error al magistrado interviniente e insistiendo con la presentación de una acusación cuando los hechos habían prescripto en manos de la Fiscalía».
La fiscal señalada, Florencia Gómez, dialogó con Radio Chubut, oportunidad en la que no dudó en cuestionar a quien siguió la causa, su colega Juan Leonardo Cheuquemán, quien supuestamente se lavó las manos al sostener que «una acusación sabiendo que la acción penal está legalmente extinguida sería contrario al principio de objetividad».
En defensa de su actuación, la fiscal Gómez recordó que ella debió hacer frente a una serie de causas, entre las cuales estaría ésta, reconstruyendo expedientes que fueron destruidos por los hechos vandálicos durante las manifestaciones antimineras.
Considera que las insinuaciones de Cheuquemán, que dependía de su fiscalía, son parte de una estrategia para desprestigiar su trabajo ya que el fiscal de Rawson forma parte del grupo de pertenencia interna de Fernando Rivarola, el mismo al que ella denunció por «maltrato y persecución laboral» en el 2022.
Según ventiló, Cheuquemán es funcional a Rivarola porque este último acomodó a su esposa en la oficina de ciberdelito.
Y en esa disputa involucró hasta el mismo procurador general de la provincia, Jorge Miquelerena, a quien puso del lado de Rivarola, aspecto que no dejará pasar por alto e irá con denuncias hasta las últimas consecuencias, según adelantó, porque está dispuesta a defender su trabajo.
Hasta insinuó que cuando ella estuvo en la fiscalía de Rawson sufrió el vaciamiento de personal que paradójicamente se llenó cuando se mudó a otro fuero del ministerio público fiscal.
Sobre la causa que prescribió por falta de acción, habló el defensor Miguel Moyano, quien sin involucrarse en la causa reconoció que la fiscalía actuó con cierta «tozudez» al insistir con una acusación cuando ya los plazos habían vencido.