RIGI: cuánto deja de ganar el Estado por los beneficios fiscales a las inversiones

Un estudio del Centro CEPA estimó el costo fiscal anual del régimen de incentivos a grandes inversiones y concluyó que al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya estaban en carpeta antes de la ley. El Oleoducto Vaca Muerta Sur y el GNL de Southern Energy concentran el grueso del impacto.

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), creado por la Ley de Bases en junio de 2024, resigna al Estado argentino entre USD 786 millones y USD 1.395 millones por año cuando todos los proyectos aprobados entren en plena producción, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicado el 16 de mayo.

Al 11 de mayo de 2026, el Estado aprobó doce proyectos bajo el RIGI, con una inversión comprometida total de aproximadamente USD 26.680 millones, según el Informe 145 del Jefe de Gabinete ante el Congreso. Los sectores abarcan energías renovables, hidrocarburos, minería de litio, cobre, oro y plata, siderurgia e infraestructura portuaria.

El escenario base del CEPA arroja un costo fiscal anual de USD 1.069 millones en régimen de plena operación, previsto entre 2030 y 2033. El componente principal es el diferencial en el Impuesto a las Ganancias: el RIGI fija una alícuota del 25% para los Vehículos de Proyecto Único (VPU), frente al 35% del régimen general, lo que representa USD 545 millones anuales. Los derechos de exportación resignados suman USD 107 millones anuales, afectando principalmente al litio y la plata.

En la región de Neuquén y Río Negro, dos proyectos concentran la mayor relevancia: el Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) —consorcio integrado por YPF, PAE, Vista, Pampa, Shell, Chevron y Pluspetrol—, con exportaciones potenciales superiores a USD 16.600 millones anuales y una inversión de USD 2.900 millones; y la planta de licuefacción de GNL de Southern Energy —conformada por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG—, con una inversión de USD 15.156 millones, la mayor del portfolio RIGI.

En la fase de construcción actual (2025 a 2028), el costo fiscal visible es menor: entre USD 300 y USD 560 millones por año, concentrado en aranceles sobre bienes de capital importados y el IVA pre-operativo que el Estado cancela mediante Certificados de Crédito Fiscal (CCF).

El Gobierno sostiene que el Presupuesto no contempla ingresos provenientes de actividades económicas del RIGI, por lo que no afecta el equilibrio fiscal. El CEPA refuta esa postura al señalar que al menos 7 de los 12 proyectos aprobados ya habían sido anunciados públicamente o contaban con estudios avanzados antes de la ley, entre ellos el VMOS (anunciado en octubre de 2023), el parque solar El Quemado de YPF Luz (noviembre de 2023) y los proyectos de litio Rincón de Litio de Río Tinto y Los Azules de McEwen Copper.

YPF tiene participación directa o protagónica en proyectos que concentran el 68,5% del monto total comprometido, equivalente a USD 18.267 millones sobre los USD 26.679 millones aprobados.

El informe también advierte sobre el impacto del denominado «SuperRIGI», cuyo anuncio reciente contempla una reducción de la alícuota de Ganancias del 25% al 15%, ampliando la renuncia recaudatoria del Estado. El impacto fiscal máximo del RIGI se espera entre 2029 y 2033, cuando la mayoría de los proyectos alcancen su producción plena.

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