La Justicia Federal de San Juan sentenció a diez años de prisión a tres integrantes de la comunidad romaní por captar, trasladar y someter a una menor a un matrimonio forzado, abusos y explotación. El fallo incluye una reparación económica de 75 millones de pesos.
El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a diez años de prisión a Alberto Cristo, Isabel Cristo y su hijo Franco, miembros de la comunidad gitana, por el delito de trata de personas agravada y matrimonio infantil forzado. La víctima, una adolescente de 13 años, fue obligada a casarse con un joven de 20 y a someterse a abusos, violencia y explotación durante varios años.
Según la investigación, los hechos comenzaron cuando la familia captó a la menor y la trasladaron desde San Juan hasta Neuquén, donde entre marzo y abril de 2022 se concretó la unión forzada bajo tradiciones gitanas. Durante el ritual, Franco Cristo abusó sexualmente de la adolescente, quien quedó embarazada. La familia pagó 825 mil pesos a los padres de la víctima para concretar el acuerdo.
Luego del matrimonio, la joven fue llevada a Santa Fe, donde vivió hasta fines de 2024 junto a la familia del condenado. Allí sufrió golpes, amenazas, quemaduras con cigarrillos y agua caliente, y fue obligada a realizar tareas domésticas y venta ambulante incluso durante el embarazo o en estado de enfermedad.
El caso tomó un giro en abril de 2025, cuando la víctima había regresado a San Juan con su hijo. Alberto e Isabel Cristo intentaron llevársela nuevamente por la fuerza. Durante una parada en Caucete, la joven escapó con su hijo en brazos mientras era perseguida por los condenados en una camioneta. Testigos en una estación de servicio llamaron al 911, y la policía interceptó el vehículo y rescató a la madre y al niño.
La investigación estuvo a cargo de Gendarmería Nacional Argentina y organismos especializados en trata de personas. Durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal destacó que ninguna tradición cultural puede justificar la vulneración de derechos humanos, y que el matrimonio infantil está prohibido por tratados internacionales. La víctima declaró en Cámara Gesell, relatando años de violencia, aislamiento y sometimiento.
Además de las condenas, la Justicia ordenó una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima, el embargo de bienes de los condenados y el decomiso de la camioneta utilizada en el intento de traslado forzado.