El proyecto oficial, que modifica la ley vigente desde 2010, será tratado desde este miércoles en comisiones del Senado. Propone flexibilizar las internaciones involuntarias, incorporar las adicciones a la salud mental y dar mayor peso al rol del psiquiatra.
La reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, impulsada por el Gobierno nacional, comenzará a debatirse desde este miércoles en la Cámara de Senadores. El proyecto será tratado desde las 16.30 en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, y ya genera posiciones encontradas: mientras familiares de personas con consumos problemáticos reclaman avanzar con la modificación, sectores de la oposición y organismos de derechos humanos expresan reparos.
La propuesta oficial modifica la ley sancionada en 2010 y aborda un tema sensible: cuándo y en qué condiciones una persona puede ser internada sin su consentimiento. Uno de los puntos centrales es que flexibiliza los criterios para las internaciones involuntarias. La ley actual solo las contempla en casos excepcionales bajo el criterio de “riesgo cierto e inminente”. La reforma reemplaza ese concepto por “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que ampliaría los casos posibles de internación sin consentimiento.
El proyecto mantiene que la internación debe ser un recurso terapéutico excepcional, como última instancia. Además, establece que una internación involuntaria deberá informarse a un juez dentro de las 24 horas, y en 48 horas deberá remitirse toda la documentación para control judicial.
Otro cambio relevante es que incorpora formalmente las adicciones dentro de las políticas de salud mental. El proyecto considera el consumo problemático, abuso o adicción a sustancias legales e ilegales como parte de los abordajes de salud mental, con posibilidad de desarrollar dispositivos específicos de tratamiento, tanto ambulatorios como de internación. Quienes apoyan la modificación sostienen que permitiría un abordaje más amplio; sus críticos advierten que puede abrir la puerta a respuestas centradas en el encierro.
La iniciativa también propone cambios en el rol de los equipos tratantes. Aunque mantiene el enfoque interdisciplinario, incorpora como requisito obligatorio la participación de un médico psiquiatra y le otorga mayor peso a la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones. Esto modifica el equilibrio del esquema vigente, donde las decisiones se toman desde un abordaje más amplio que involucra distintas disciplinas.
El debate recién comienza, pero el proyecto reabre una discusión de fondo: cómo equilibrar derechos, autonomía y respuestas del Estado frente a padecimientos mentales y consumos problemáticos. Un tema sensible que promete una discusión intensa en el Congreso.