El Tribunal Oral Federal 2 dispuso el decomiso de una veintena de inmuebles, hoteles, terrenos, sociedades y activos financieros pertenecientes a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y otros condenados en el marco de la Causa Vialidad, por un perjuicio estimado en $684.990 millones al Estado.
Uno de los procesos de decomiso más grandes de la historia del país ya se ejecuta, tras una decisión del Tribunal Oral Federal 2, con el objetivo de recuperar $684.990 millones, monto fijado como perjuicio al Estado. La medida alcanza a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y otros condenados en la Causa Vialidad.
El listado incluye una veintena de inmuebles, hoteles, terrenos, sociedades y activos financieros, muchos de ellos concentrados en la provincia de Santa Cruz. Varios de estos bienes fueron transferidos en 2016 a los hijos de la expresidenta, aunque la Justicia resolvió igualmente incluirlos en el decomiso.
El núcleo del patrimonio está ubicado en El Calafate y Río Gallegos, con propiedades adquiridas entre comienzos de los 2000 y 2010, muchas de las cuales luego fueron transferidas parcialmente a los hijos de la exmandataria. El fallo también alcanza activos de empresas ligadas a Lázaro Báez.
Según lo resuelto, todos estos bienes quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema, que definirá su administración, eventual subasta o posible asignación a fines de reparación social. Los jueces remarcaron que el decomiso no puede quedar en una sanción simbólica, sino que debe traducirse en una recuperación efectiva de bienes obtenidos, según la sentencia, a través de hechos de corrupción.
Por su magnitud y volumen económico, el proceso aparece como uno de los más importantes del país.
