La Justicia ordenó el arresto de un hombre y una mujer, detenidos en Santa Cruz, por un presunto esquema fraudulento que habría causado perjuicios superiores a los 100 millones de pesos. La investigación continúa en Chubut.
La Justicia avanzó contra una presunta organización dedicada a estafas con vehículos y dictó prisión preventiva para una pareja acusada de haber montado un esquema fraudulento que dejó pérdidas millonarias en la ciudad de Esquel. La investigación, encabezada por el procurador fiscal Ismael Cerda, apunta a una serie de maniobras realizadas entre febrero y marzo de 2026 que habrían generado un perjuicio superior a los 112 millones de pesos.
Los imputados, un hombre y una mujer que fueron detenidos en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, participaron de la audiencia de manera remota. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez resolvió que ambos permanezcan detenidos durante 90 días mientras se profundiza la investigación y se intenta recuperar parte de los bienes involucrados.
Según la acusación, no se trató de operaciones comerciales fallidas, sino de un plan deliberado para engañar a las víctimas. La modalidad incluía generar una apariencia de legalidad y confianza para luego concretar el despojo. Uno de los mecanismos detectados consistía en realizar pagos iniciales en concesionarias oficiales de Buenos Aires en concepto de fletes o gastos administrativos. De esta manera, cuando las víctimas verificaban la operación, las agencias confirmaban la existencia de trámites, lo que reforzaba la credibilidad del supuesto negocio y facilitaba que entregaran dinero o vehículos.
A su vez, los acusados entregaban rodados provenientes de estafas previas —generalmente de menor valor— para que los damnificados no quedaran sin movilidad mientras esperaban la operación definitiva. Este recurso, conocido como “vehículos mula”, permitía sostener la ilusión de una transacción legítima. La Fiscalía también señaló el uso sistemático de pagarés que nunca eran cancelados y de formularios 08 firmados, herramientas que otorgaban una fachada legal a operaciones que terminaban en incumplimientos totales. Una vez obtenidos los vehículos de mayor valor, los transferían rápidamente a terceros o los ocultaban para dificultar su rastreo.
La defensa solicitó la liberación de la pareja al sostener que se trataba de un conflicto civil por incumplimiento contractual. Sin embargo, el juez rechazó ese planteo y coincidió con la Fiscalía en que existen riesgos procesales concretos. Entre los argumentos, se destacó el peligro de fuga, ya que los imputados no pudieron acreditar un domicilio real. También se valoró la gravedad del daño económico, que afecta incluso herramientas de trabajo de las víctimas, y el riesgo de entorpecimiento de la investigación, dado que aún hay bienes y dinero sin localizar.
El magistrado consideró que las maniobras desplegadas formaban parte de un esquema complejo destinado a sostener el engaño, y no actos aislados de buena fe. Por ello, ordenó la prisión preventiva por 90 días y el traslado de los acusados a Chubut. La causa continuará en etapa investigativa mientras se intenta dar con el paradero de los vehículos y la documentación faltante, piezas clave para reconstruir el circuito de la presunta estafa.