Intendente de Puerto Madryn denuncia una trama de extorsiones y vincula el ataque a su hermano

Gustavo Sastre aseguró que el episodio violento contra su hermano está relacionado con una red que involucraría a empresarios, operadores políticos y un ex agente federal. Afirmó que lleva meses soportando presiones y que no cederá.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, realizó una denuncia pública sobre una trama de extorsiones y presiones que, según sus dichos, se extiende desde hace meses y que involucra a empresarios, operadores políticos y un ex integrante de fuerzas federales. En ese contexto, vinculó el reciente ataque contra su hermano, Ricardo Sastre, con este entramado y aseguró que irá «hasta las últimas consecuencias».

El jefe comunal sostuvo que la situación no es reciente y que viene siendo investigada desde el año pasado. «Esto no es de hace tres días ni un hecho aislado. Es una denuncia y un trabajo que vengo llevando adelante desde el año pasado, soportando extorsiones», expresó. Afirmó que detrás de los hechos hay «personajes nefastos» y apuntó a distintos sectores, aclarando que la gran mayoría de los integrantes de las fuerzas son trabajadores honestos.

Sastre aseguró que uno de los implicados llegó a exigirle dinero en dos oportunidades, montos que rondarían los 100 mil dólares cada uno. «Nunca accedí a ningún apriete. No les tengo miedo y no me van a asustar con ninguna causa», declaró.

El intendente relacionó directamente ese entramado con el violento episodio sufrido por su hermano el último fin de semana. «El viernes por la noche, cuando estas personas se enteraron de que la Justicia avanzaba, actuaron contra mi hermano Ricardo, que no tiene absolutamente nada que ver», afirmó. Según planteó, el trasfondo también tendría un componente político vinculado a especulaciones sobre una posible candidatura de su hermano para 2027.

La causa por el ataque a Ricardo Sastre se tramita en la Justicia de Puerto Madryn. Este lunes se formularon cargos contra el acusado, identificado como F.C., por amenazas con arma de fuego y daños. La jueza Alejandra Hernández dispuso prisión domiciliaria por 20 días mientras avanza la investigación. El fiscal Jorge Bugueño detalló que existen testimonios, registros de cámaras de seguridad y la denuncia de la víctima como elementos de prueba.

En un tono contundente, el intendente aseguró que no permitirá que estos sectores operen en la ciudad. También denunció campañas de difamación en redes sociales y afirmó estar trabajando con peritos informáticos para detectar esas maniobras. Por último, remarcó su confianza en la Justicia y su decisión de avanzar contra quienes, según él, «extorsionan, aprietan y quieren manejar todo desde la ilegalidad».

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