No es novedad que los juicios en la Argentina suelen demorar una vida y la vorágine de temas hace que algunos casos que fueron polémicos y mediáticos en su momento pasen al cajón del olvido.
Uno de estos hechos que podría quedar en la nada es el presunto fraude con el otorgamiento de fondos por parte del gobierno kirchnerista a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en principio destinados al extinto programa Fútbol para Todos. Esto se materializaría a partir del pedido de absolución para el entonces coordinador del programa, Gabriel Mariotto, por parte del fiscal federal Miguel Ángel Osorio, que a su vez reclamó leves penas de ejecución condicional para los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich.
Es muy frustrante observar que tras una década del hecho investigado, fuentes tribunalicias especulen con la posibilidad cierta de que los funcionarios mencionados puedan quedar fuera del caso, al tiempo que se sostenga con liviandad la teoría de que los fondos públicos dejan de serlo cuando ingresan a una institución como la AFA y que, por eso, no estaríamos ante un fraude a la administración pública.
La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó en su momento la denuncia por malversación de fondos y, específicamente, advirtió sobre la entrega de 6 mil millones de pesos a la AFA sin ningún tipo de control. Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, la AFA otorgaba a los clubes cheques con la indicación expresa de dónde cambiarlos, como por ejemplo cooperativas y financieras ligadas a dirigentes de la entidad rectora del fútbol local.
Osorio solo pidió condenas en suspenso para Luis Segura, expresidente de la AFA, a dos años de prisión; para Carlos Alberto Pandolfi, extesorero de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), a un año; para Norberto Monteleone, exgerente general de ese sindicato, a un año, y para Natale Antonio Rigano, CEO de la firma Iveco, a dos años.
Sería realmente importante que este caso tan opaco, con un perfil de defraudación al Estado y un supuesto turbio manejo de fondos que, por arte de magia, según la versión judicial, habrían dejado de ser públicos, no quede en “agua de borrajas” y se resuelva como corresponde en un Estado de Derecho con toda la fuerza de la ley y con un tan contundente como ejemplar freno a la impunidad.