Pocas veces como en la saga del conflicto jurídico alrededor de la expropiación de YPF lo que comenzó como una cuestión de propiedad accionaria terminó derivando en una discusión técnica alrededor de las circunstancias y consecuencias de una decisión política, que hoy luce descontextualizada. Quizás la nueva grieta sobre la que se recuesta la argumentación en uno u otro sentido radica en la cuenta que la jueza de la Corte de Distrito por el Área Sur de Nueva York, Loretta Preska (sucesora del archiconocido juez Thomas Griesa) deslizó en su fallo del 30 de junio pasado: para garantizar el pago de los US$16.100 millones (más intereses) fijados con anterioridad, ordenaba la entrega del 51% del patrimonio de YPF como una garantía de un acuerdo final entre las partes tantas veces demorado.
El origen. El 3 mayo de 2012 se sancionó la ley 26.471 por la cual se declaraba “de Interés Público Nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF S.A. y Repsol YPF Gas S.A.”. Ovación en la gran mayoría de legisladores que aprobó muy rápido una operación que llevaba en la superficie casi un mes de fuego cruzado, aun con el beneplácito de partidos que estaban en la oposición (moderada) al kirchnerismo gobernante: radicales, partidos provinciales y socialistas. El portavoz y defensor de la decisión del operativo retorno al ámbito estatal de la que era entonces la empresa más grande del país, fue el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof que incluso llegó a pronosticar que la expropiación no solo no iba a costar un peso, sino que Repsol debería pagar por contingencias que deberían revisarse. El resultado, ya se sabe, fue muy diferente: el CEO de la petrolera española, el catalán Antoni Brufau logró destrabar el tema previo pago de US$5.000 millones. Una mala noticia si se consideran los US$14.000 millones que había pagado por el 98% de la empresa en 1999 pero nada mal si por salir del acoso político al que estaban sometidos desde 2005, al menos, habían podido cobrar jugosos dividendos desde el desembarco del grupo Eskenazi (2008) que en dos veces se hizo hasta el 25% del paquete. Para financiar esa operación, Repsol accedió a establecer una política de dividendos que llegó a distribuir hasta el 140% del total, cuando la media en la industria se sitúa entre el 30% y el 60% de las ganancias netas.
Con la firma del acta de traspaso inicial, Brufau le pasó el timón del mando al grupo comprador al que calificó en su nota póstuma como “expertos en mercados regulados”. Una frase llena de ironía y fruto de sus muchas horas de vuelo al frente de una empresa con un alto perfil y mucha injerencia política en la España del capitalismo tutelado.
El conflicto. La expropiación en sí no es materia judiciable, si está hecha por ley y contempla una indemnización para los antiguos dueños. Pero en este caso, apareció una norma incluida en los estatutos de la empresa reformados en 1993 para allanar el ingreso de capitales. Los tiburones de Wall Street las llaman “poison pills” (píldoras envenenadas): disposiciones que dificultan el despliegue de la libre voluntad de compradores o vendedores y que defienden intereses de quienes promovieron su inclusión. En este caso, el artículo 7 del estatuto de YPF menciona claramente que cualquier oferta que supere el 15% del capital accionario deberá hacerse al resto de los tenedores, sin perjuicio que pudieran rechazarla. Ese fue el paso que, sugestivamente, omitió el Gobierno para evitar “pisar la trampa del oso” como calificó Kicillof en varios cruces mediáticos. Y precisamente, esa argumentación fue la que fundó la jueza para levantar la mano a los demandantes y exigir una compensación (que está considerada como inflada por fechas y montos tomados para el cálculo) para llegar al número final.
Sebastián Maril, director Regional de Latam Advisors, que monitorea el laberinto judicial del caso desde el inicio, advierte que antes de concretarse la operación debe contemplar la contestación de los beneficiarios del fallo a la decisión del Gobierno de recurrir al tribunal de alzada y con esos elementos Preska dirá si Argentina puede apelar con el beneficio de la suspensión del embargo. “No sabemos cómo va a salir, pero sí que antes que termine julio todo este tema administrativo previo a la apelación va a estar resuelto”, explica.
El buitre. Si bien el Gobierno anunció rotundamente que “no negociará” y que el fallo de la jueza es de cumplimiento imposible (necesitaría una ley con mayoría agravada para hacerlo y, además, el 25% es de las provincias productoras), las conversaciones no esperarán al último plazo para hacerlo. Al fin y al cabo, ambas partes tienen algo en común: Argentina hace gala de su buen comportamiento en los mercados (quizás una sobreactuación para mitigar su mala imagen anterior) y los “beneficiarios” que reclamaron, lo que desean es salir de una vez por todas de un conflicto que supera con holgura el promedio de la duración de los juicios en los que actúan. Basta recordar que pagaron US$17 millones por los derechos inherentes y aún en el peor de las negociaciones podrían obtener 200 veces dicho monto y el “caso YPF” está valuado como en US$2.100 millones en su balance al 31/12/24. El precio de la acción de Burford, sigue estando “barato” sin considerar el eventual cobro de algo de los reclamado en el juicio, que vendría a ser un premio adicional para los que apuestan por ese papel. ¿El riesgo? Que no se cobre nunca o se dilate tanto que decaiga el interés.
Burford Capital no es un fondo tradicional sino uno que financia gestiones judiciales. Es decir, en su activo figuran centenares de casos cuyos derechos fueron comprados total o parcialmente a los acreedores que no tienen interés en litigar hasta las últimas circunstancias. Se fondea en la bolsa y sus principales accionistas (fuera de los tenedores atomizados) son otros fondos de cobertura, fondos de pensión y particulares.
“En función de lo que finalmente salga en la apelación general que presentó Argentina en octubre de 2023, se iniciará la negociación para ver la forma de pago, que entiendo no serán los US$16.100 millones pedidos sino con un descuento a través de una estructuración de una deuda que sea absorbida por el mercado”, concluye Maril. Los números son tan grandes que dan para que todos se vayan con una tajada considerable.