La Cámara de Diputados dio este martes un paso clave en la investigación por el escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA al aprobar la creación de una comisión especial que analizará las responsabilidades institucionales en la estafa que involucra, entre otros, al presidente Javier Milei.
La medida representa un duro golpe para el Gobierno, que intentó bloquear el avance del proyecto sin éxito. Con 128 votos afirmativos, 93 negativos y siete abstenciones, el recinto avaló la conformación del nuevo cuerpo legislativo, que tendrá su primera reunión el próximo 23 de abril, cuando se definan sus autoridades.
Los bloques parlamentarios tendrán tiempo hasta el 11 de abril para presentar a sus representantes, mientras que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, deberá oficializar la resolución de integración a más tardar el 15 de este mes.
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La votación fue posible gracias a una inesperada articulación de fuerzas. Al acompañamiento de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, se sumaron diputados alineados con los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Catamarca, Raúl Jalil.
En cambio, el oficialismo de La Libertad Avanza, junto al PRO y la mayoría de los legisladores radicales, intentó sin éxito vaciar el quórum. Solo Julio Cobos y Fabio Quetglas se desmarcaron y dieron su apoyo a la iniciativa.
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Hayden Mark Davis y Javier Milei.
El proyecto establece que la comisión tendrá amplias facultades para solicitar informes al Poder Ejecutivo, convocar a funcionarios a declarar e incluso interpelar a quienes considere pertinentes. El objetivo es esclarecer cómo se desarrolló la operatoria con la criptomoneda $LIBRA, cuál fue el nivel de conocimiento y participación de distintos organismos estatales, y si existió algún tipo de encubrimiento u omisión de control.
El avance de esta comisión se da en medio de una creciente presión social y política por el impacto del caso, que dejó a miles de ahorristas afectados en todo el país y motivó denuncias penales, demandas civiles y presentaciones ante organismos internacionales. La investigación también apunta a dilucidar si hubo aprovechamiento político o uso de estructuras estatales para facilitar el fraude.
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