La publicación del dato de pobreza e indigencia confirmó las peores expectativas: el pico inflacionario del verano, tras la devaluación, no solo agravó la situación social, sino que les pegó con más dureza a los argentinos de las franjas de menores ingresos.
Así, la pobreza, que a fines de 2023 había ascendido a 41,7% de la población, saltó al 52,9%. Mientras que la indigencia, que era del 11,9%, se ubica ahora en un impactante 18,1%.
Dicho de otra forma, a fines del año pasado, el 28,5% de los pobres era, además, indigente. Mientras que ahora esa marca ha subido al 34,2%.
Como la inflación de los últimos meses afectó más a los servicios que a los alimentos, se había generado cierta expectativa de que el dato de indigencia -el que marca la cantidad de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria para mantener una dieta sana- pudiera verse menos impactado que el de la pobreza. Además, el gobierno ha destacado que con los cambios implementados en la asistencia social, ahora hay una mayor cobertura de productos de primera necesidad para la población más pobre.
Sin embargo, quedó en evidencia que la magnitud de la recesión no ha sido pareja en toda la población y que al sector informal -donde se ubica la mayoría de los pobres- tuvo una evolución más lenta en su nivel de ingreso.
Mientras los asalariados del sector privado tuvieron en el primer semestre una suba nominal de ingreso del 83,6% y los empleados estatales tuvieron una mejora del 73,3%, en el sector informal la suba fue considerablemente menor, del 69,8%.
Según la estimación del INDEC, para no ser indigente, había que ganar al final del semestre $349.073 para una familia tipo de cuatro integrantes. Pero el ingreso promedio fue de $232.453, lo que implica una brecha de 33,4% entre lo que ingresa y lo que se necesita para sostener una dieta sana.
Los números del INDEC sobre la pobreza marcan con elocuencia el agravamiento de la situación social en el primer semestre
Jubilados, entre los más afectados con el ajuste de Javier Milei
Los datos registrados para el primer semestre reflejan el impacto producido, sobre todo, durante el primer trimestre del año, cuando la devaluación de diciembre trajo consigo un pico inflacionario que en enero llegó al 20,6% y que recién en el segundo trimestre se ubicó por debajo de los dos dígitos.
En ese período, solamente los gremios con mayor poder de presión pudieron renegociar sus ingresos para mantenerlos a tono con la rápida carestía de la canasta básica. En cambio, los empleados estatales, los trabajadores informales y los jubilados corrieron a los precios desde muy atrás.
En particular, el sector de los jubilados fue el que más sufrió el ajuste en esa primera etapa. De hecho, el recorte del rubro jubilatorio fue el pilar sobre el que se sostuvo el superávit fiscal, al punto que en febrero se registró una caída real del 38% en el gasto estatal destinado al pago de jubilaciones.
En junio, mientras la jubilación mínima -contando el bono extra- sumó $276.930, la canasta de pobreza para un individuo cotizaba en $282.579.
Esa situación se empezó a revertir en el segundo semestre del año -es decir, todavía no fue registrada por la medición del INDEC- como consecuencia del cambio en la fórmula de indexación jubilatoria. La expectativa es que en la próxima medición se registre una suba real -es decir, superior a la inflación- entre los jubilados que cobran el ingreso mínimo.
Por qué Javier Milei apuesta a mejorar el índice de pobreza en el segundo semestre
En estas horas se está produciendo la consabida batalla de la opinión pública, en la que los funcionarios de Milei intentan responsabilizar por el dato de pobreza a la herencia recibida de la gestión anterior, mientras que el peronismo ya habla del 52,9% de pobreza como el resultado inevitable del drástico plan de ajuste económico.
En realidad, el gobierno ya esperaba esta situación y es por eso que últimamente ha reforzado, en su comunicación, las referencias al cuidado por la situación social. Por ejemplo, el presidente Milei, en su contrapunto con Cristina Kirchner sobre la «economía bimonetaria», se jactó de que, gracias al aumento en las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo y otros programas asistenciales, ahora está cubierta el 99% de la canasta básica, mientras en el anterior gobierno solo se llegaba al 60%.
Y, más específicamente, en el debate fiscal, el ministro de economía, Luis Toto Caputo, destacó que en medio del ajuste que permitió ocho meses consecutivos de superávit, el rubro de la asistencia social no solo no sufrió recortes, sino que creció un 21% en términos reales. Y particularmente para agosto, esa asistencia había registrado un crecimiento real de 71,5%. Luis Caputo no se privó de recordar que esa mejora se había producido «sin intermediarios», dado el cambio de política que privilegia los programas donde se produce una acreditación monetaria directa al beneficiario sin la participación de las organizaciones sociales.
Pero, aun con esa argumentación, resultará inevitable para el gobierno pagar el «costo político» por el agravamiento de la situación social. La esperanza estará puesta en la mejora del segundo semestre del año, cuando la inflación ya se ubica en un promedio mensual del 4%, mientras que el salario lo está haciendo a un 6%.
El próximo dato se publicará en marzo de 2025, ya con clima de campaña electoral previo a las legislativas. Para ese entonces, espera el gobierno, el proceso de desinflación habrá determinado una mejora drástica en los índices sociales.
La apuesta del gobierno es que, como en los últimos meses la canasta de alimentos evolucionó por debajo del promedio del IPC -que está impulsado, sobre todo, por servicios y precios regulados que afectan más a la clase media-, esto pueda traducirse en una mejora más acelerada para la indigencia que para la pobreza.
Sueldos bajos y desempleo, dos alarmas para la pobreza
La otra cruda realidad que confirmaron los datos del INDEC es que se consolida el fenómeno del «asalariado pobre». De hecho, la pobreza subió aun cuando el índice de población ocupada que midió el INDEC para el segundo trimestre había registrado una mejora y se ubica en 44,8%.
En cuanto a la desocupación, hubo un empeoramiento: se llegó a un 7,6% -desde el 5,7% de fines del 2023-, aunque el gobierno argumenta que el dato puede estar «inflado» por el hecho de que hay más gente que salió a buscar empleo.
Lo cierto es que más de un tercio del total de los trabajadores se desempeñan en la informalidad -es decir, que no cobran un salario regular ni hacen aportes a la seguridad social-.
De hecho, esa porción de informales -en su mayoría monotributistas de la franja más baja, cuentapropistas o personas que hacen «changas»- es la que crece más rápido, mientras que el segmento del trabajo formal en el sector privado se mantiene estancado.
Se confirma así el fenómeno que los economistas y sociólogos vienen observando hace algunos años: cambió la foto tradicional de la situación social argentina, en la cual quienes estaban por debajo de la línea de pobreza eran personas subocupados, personas con baja calificación educativa que hacían «changas» o trabajaban pocas horas, pero no alcanzaba a los empleados con ingreso regular.
Ahora, para alarma del Gobierno y los sindicatos, el hecho de tener un trabajo ya no es el pasaporte al ascenso social. Pero, además, ganan fuerza otros fenómenos que la política todavía no termina de asimilar, como el impacto de las nuevas modalidades laborales. Y es ahí donde entra un dato clave del análisis: el aumento del empleo se produjo, sobre todo, en la categoría de los cuentapropistas o monotributistas, con condiciones laborales mucho más flexibles e ingresos variables.