El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha vuelto a generar controversia al ordenar que se investiguen las peticiones que impulsan la inclusión de una enmienda proaborto en las boletas electorales de noviembre. A través del Departamento de Estado, su administración decidió revisar miles de firmas ya verificadas, lo que ha levantado sospechas entre los defensores de la interrupción del embarazo.
La investigación se centra en unas 36.000 firmas recolectadas para respaldar la Enmienda cuatro, una medida que busca proteger el acceso al aborto en Florida y revertir la prohibición estatal que limita el procedimiento a las seis semanas de gestación. A pesar de que ya expiraron los plazos establecidos por la ley para impugnar la validez de las firmas, desde el gobierno de DeSantis les solicitaron a los supervisores de elecciones de varios condados que revean esas peticiones, indicó Tampa Bay Times.
El subsecretario de Estado para Asuntos Jurídicos e Integridad Electoral, Brad McVay, indicó que la investigación responde a la posibilidad de fraude en los comicios. El funcionario mencionó en correos electrónicos dirigidos a los supervisores de elecciones que se sospecha que varios recolectores de firmas pudieran haber presentado peticiones falsas. “La mayoría de los recolectores señalados representan a personas conocidas o sospechosas de fraude”, señaló en un mensaje que fue enviado al responsable del condado de Hillsborough.
Sin embargo, los defensores de la Enmienda cuatro sospechan que esta revisión tiene motivaciones políticas. Lauren Brenzel, directora de campaña de Floridians Protecting Freedom, afirmó en un comunicado que el estado ya validó las firmas a principios de año y calificó el intento de revisión como un “ataque a los derechos de los floridanos”. Y añadió: “Este es un intento de los políticos extremistas de interferir en la voluntad del pueblo”.
El impacto de la Enmienda y la respuesta de los opositores
La Enmienda cuatro se ha convertido en uno de los temas más importantes para DeSantis y su administración, dado su papel central en la defensa de la ley que restringe el aborto a las seis semanas. En reiteradas ocasiones, el mandatario mostró sus claras intenciones de derrotar la ley, lo que refleja la importancia que le otorga a este tema dentro de su agenda conservadora.
Del otro lado, la oposición busca bloquear la medida del gobernador. John Stemberger, presidente del grupo Liberty Counsel Action, afirmó que su organización no encontró suficientes motivos para impugnar la validez de las peticiones tras su propia investigación. A pesar de esto, el Departamento de Estado sigue adelante con la revisión, lo que ha generado preocupación sobre el impacto que esto podría tener en la próxima votación.
Esta normativa necesita al menos un 60% de apoyo de los votantes para ser aprobada. Encuestas recientes han mostrado una opinión dividida. En ese sentido, un relevamiento de la Universidad del Norte de Florida en julio indicó que el 69% de los votantes apoyaba la medida, mientras que un sondeo más reciente de la Universidad Atlántica de Florida en agosto reflejó un aval del 56%.
LA NACION