Luis López, padre del niño de 4 años fallecido en Comodoro Rivadavia, presentó una denuncia penal ampliada. Solicita la detención de la madre y su pareja, y cuestiona la actuación de jueces y funcionarios de protección.
Luis López, padre biológico de Ángel López, el niño de 4 años fallecido el 5 de abril en la Zona de Quintas de Comodoro Rivadavia, presentó una denuncia penal ampliada. En el escrito, solicita la detención inmediata de la madre del menor, Mariela Altamirano, y de su pareja, Maicol González, bajo los cargos de homicidio agravado por el vínculo y abandono de persona seguido de muerte.
La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, también señala una «grave corresponsabilidad estatal» por parte de jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección de Derechos. El documento sostiene que la muerte «es la consecuencia directa, previsible y evitable de una secuencia de conductas activas y omisivas» tanto de los cuidadores como de los funcionarios.
Según el informe preliminar de la autopsia citado en la denuncia, se hallaron lesiones traumáticas en la región craneal del niño, incompatibles con una etiología natural y consistentes con «violencia física de significativa intensidad». Además, un vecino habría visto humo proveniente de la vivienda el día del hecho, lo que, según la denuncia, corroboraría la hipótesis de que se quemaron prendas para destruir evidencia.
El escrito incluye declaraciones atribuidas a la madre, como un supuesto grito a su pareja: «¡Vos le pegás al mío!», refiriéndose a Ángel. También menciona mensajes en los que Altamirano habría dicho que el niño «dormía mucho últimamente» y que «tenía algo en la cabeza».
Uno de los aspectos centrales de la denuncia es la invocación de la Ley Lucio, que establece la obligación de denunciar maltrato infantil. El demandante argumenta que los funcionarios intervinientes habrían contribuido «de manera determinante» a un escenario de desprotección.
El caso, que conmocionó a Comodoro Rivadavia, ahora suma una dimensión institucional. La Justicia deberá resolver en los próximos días el pedido de detención y si amplía la investigación a los funcionarios denunciados.