Tras la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, una referente del CBIOV analiza los procedimientos de protección y subraya la necesidad de evaluaciones interdisciplinarias y de escuchar la voz de los menores.
La muerte de Ángel López, el niño de 4 años cuya causa se investiga como presunto maltrato infantil, continúa generando conmoción en Comodoro Rivadavia. Familiares y comunidad despiden sus restos en la sala velatoria de Avenida Canadá. El caso ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento de la justicia y las instituciones de protección.
En este contexto, Silvia Luz Clara, referente del Centro de Orientación a la Víctima (CBIOV – Procapi), brindó su análisis sobre lo ocurrido y el rol de las instituciones. «Acá hay padres que están separados, una madre que decide dejar al niño con el otro progenitor. A veces esas cosas no se regularizan ante la justicia y quedan de hecho», explicó. Aclaró que cuando se solicita una revinculación, «hay que evidentemente hacer evaluaciones de las condiciones y de todo el contexto y después acompañar ese proceso».
Afirmó que, en casos como este, deben existir evaluaciones previas de profesionales —trabajadores sociales, psicopedagogos, entre otros— para determinar si es adecuada o no una revinculación. «Se requiere toda una atención de equipos interdisciplinarios tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, que sería el Servicio de Protección de Derechos», señaló.
Con respecto a los criterios de evaluación, explicó: «Desde que existe la Convención Internacional de Derechos del Niño se habla de escuchar al niño. Escuchar significa sentarse a escuchar con distintas técnicas. La situación queda grabada, filmada y eso se pueda volver a ver y utilizar en todo caso en algún momento si es necesario sin volver a revictimizar al niño varias veces».
Sin embargo, reconoció que «no se los escucha a los niños, y el riesgo de no escucharlos ya sabemos cuál es. En este caso fue gravísimo. Los chicos hablan de muchas maneras y cuando hablan directamente hay que escucharlos».
Señaló que es momento de detectar «dónde estuvo la falla acá y no desliguemos las responsabilidades del Estado como el ejecutor de las políticas públicas». Agregó que es necesario analizar «cuáles son las políticas públicas que debían acompañar esto», en un contexto donde, a su juicio, la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia no tiene una presencia fuerte a nivel provincial y local.
Finalmente, sobre el rol de las escuelas, indicó: «Si ellos detectan alguna situación, como cualquier adulto que detecta situaciones de maltrato, abandono o negligencia en niñas y niños pequeños, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de su autoridad».