Un motín en una comisaría de Río Gallegos derivó en un incendio y en el traslado de doce detenidos al hospital. Uno de ellos permanece en estado grave.
Un grave incidente se registró en la madrugada del jueves en la Comisaría Segunda de Río Gallegos, Santa Cruz, cuando un motín entre internos desencadenó un incendio dentro del sector de detención. Doce personas debieron ser trasladadas al Hospital Regional, y una de ellas se encuentra internada en terapia intensiva.
Los hechos ocurrieron cerca de las 00:35 horas, cuando el personal policial escuchó ruidos y golpes. Al ingresar, detectaron una pelea entre dos presos. Al intentar separarlos, la situación se desbordó y otros internos se sumaron al enfrentamiento. En medio de la gresca, algunos detenidos prendieron fuego a colchones y otros elementos, generando un foco ígneo y una densa columna de humo en el espacio cerrado.
Ante la emergencia, se activó un operativo con la intervención de Bomberos y refuerzos policiales, que lograron sofocar las llamas y evacuar a todos los detenidos hacia sectores seguros. La mayoría de los traslados al hospital se debieron a inhalación de humo y lesiones menores. Sin embargo, un interno permanece en terapia intensiva por intoxicación con monóxido de carbono, según informaron fuentes oficiales.
Tras el operativo, los detenidos fueron redistribuidos en distintas dependencias de la ciudad. La Justicia ya interviene para determinar las causas del motín y establecer eventuales responsabilidades.
En un contexto relacionado, el ingeniero Eduardo D’Elía propuso recientemente la construcción en Santa Cruz de una mega cárcel con capacidad para 10.000 reclusos de alta peligrosidad. Según su planteamiento, la provincia reuniría condiciones ideales por su gran extensión territorial, zonas aisladas con baja densidad poblacional y distancia de los grandes centros urbanos, lo que reduciría riesgos de fugas. Además, destacó la existencia de infraestructura clave como aeropuertos y puertos para facilitar logística.
La propuesta, no obstante, genera debate entre quienes la ven como una posible solución al hacinamiento carcelario y quienes advierten sobre desafíos logísticos, impacto ambiental y el posible rechazo de la comunidad local.