Mario Aguerrido, representante legal en el caso pampeano, trazó paralelismos entre ambos hechos y se refirió a la importancia de escuchar a los niños en procesos judiciales.
Mario Aguerrido, abogado de la familia paterna de Lucio Dupuy, se refirió al fallecimiento de Ángel López, el niño de 4 años de Comodoro Rivadavia cuya muerte se investiga en presuntas circunstancias de maltrato infantil. En diálogo con un medio local, el letrado trazó paralelismos con el caso ocurrido en La Pampa en 2021 y se refirió al rol de la Justicia y del Estado.
«La familia de Dupuy está francamente conmovida con esto que ha pasado», expresó Aguerrido, quien señaló que el caso le hizo recordar «circunstancias que, quizás, de haberse trabajado de manera seria y coherente, el hecho no se tendría que haber producido».
El abogado puso el foco en las decisiones judiciales previas y pidió que se analicen responsabilidades: «Que se analicen las responsabilidades de los funcionarios y de las personas que tuvieron a cargo entregar el cuidado personal de este chiquitito Ángel a su madre». Agregó que, en términos generales, observa «un abandono de política en lo que tiene que ver con la minoridad».
En otro tramo de sus declaraciones, Aguerrido se refirió a la importancia de escuchar a los niños en este tipo de procesos, en el marco de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. «Evidentemente nadie escuchó a este chiquitito. Van a salir a decir que no, que era muy chico… se habla del interés superior del niño, que es lo más importante», sostuvo.
Respecto a las posibles responsabilidades, el letrado afirmó: «Al primero que hay que investigar es el juez», para lo cual mencionó los carriles existentes como el jury de enjuiciamiento. «Hay que analizar la responsabilidad funcional que tuvo, sea para entregar el cuidado personal a la madre y, lo que es más importante, si hubo un seguimiento de ese cuidado personal», añadió.
Finalmente, Aguerrido cuestionó la implementación de la Ley Lucio y la falta de políticas públicas, señalando que «los menores son esencialmente vulnerables y necesitan un sistema de protección integral».