El debate por la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) se lleva a cabo por estas horas, donde el Gobierno de Javier Milei buscará redefinir la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos, con la resistencia de los sectores ambientalistas.
En este contexto, en el Senado, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos. De esta forma, se propone reconocer el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, un derecho que está consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994.
El rechazo
Los bloques opositores, como es el caso de la mayoría de los legisladores justicialistas, rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares y las cuencas hídricas, consideradas reservas de agua potable y, por ende, afectaría un recurso vital para la población.
Mientras, el oficialismo pretende habilitar proyectos vinculados a la megaminiería y facilitar el desarrollo económico en empresas de hidrocarburos, el bloque peronista defiende la preservación de las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano, principal objetivo de la ley vigente.
Sin embargo, el bloque de LLA en la Cámara alta aseguró que la normativa actual genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones» y, con esta modificatoria, buscan restringir la protección solo para aquellos glaciares que «cumplan una función hídrica efectiva y estratégica» y que, a la vez, permitan actividades productivas en áreas protegidas.
Por otra parte, señalaron que, de ser aprobada, las provincias tendrán mayor autonomía para decidir sobre sus recursos naturales, reclamo que comparten los territorios con posible explotación de litio y cobre, como San Juan, Catamarca y Jujuy.
Sin apoyo
En este marco, las distintas jurisdicciones provinciales analizaron la cuestión dentro del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), pero a pesar de las presiones, el proyecto oficialista no consiguió obtener el aval de dicho organismo.
Durante la sesión del COFEMA, los delegados de las provincias examinaron los cambios legislativos que el Ejecutivo pretende debatir en el Senado. Por su parte, la Provincia de Buenos Aires manifestó formalmente su rechazo a la propuesta, argumentando que la misma representa un grave retroceso en la protección ambiental. La subsecretaria de Política Ambiental de Buenos Aires, Tamara Basteiro, explicó que, desde una perspectiva jurídica, la iniciativa contradice el principio de no regresividad ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú, tratado internacional suscrito por el país. Asimismo, señaló que la reforma vulnera lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Basteiro subrayó que esta controversia ocurre en un periodo de crisis climática global, con advertencias constantes de la ONU sobre la velocidad del retroceso de los glaciares.
Por otro lado, la ministra de Ambiente bonaerense insistió en que el resguardo de estas masas de hielo es una política estratégica para cuidar los bienes comunes naturales y asegurar el acceso al agua. Sostuvo que cualquier cambio en la ley debería elevar los estándares de protección y no reducir los ya existentes. También remarcó que Argentina posee la segunda reserva de agua dulce más importante de Latinoamérica y se opuso a una flexibilización ambiental que facilite la destrucción de estos recursos por parte de corporaciones extranjeras.
Finalmente, ante la falta de una mayoría de apoyos y las mencionadas ausencias y abstenciones, quedó en evidencia la carencia de un consenso federal para una reforma que pone en riesgo instrumentos de conservación. La Provincia de Buenos Aires lideró el bloque opositor y, junto a otros estados provinciales, promovió la participación de organizaciones ambientales y especialistas del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para enriquecer el debate técnico.
Agresiones y detenciones
A minutos del comienzo del debate en el Senado, un grupo de al menos 12 ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos cuando saltaron la reja del Congreso para protestar contra la modificación de la Ley de Glaciares.
Los manifestantes sorteraron las rejas del Palacio Legislativo y se instalaron en las escalinatas con varios inodoros y carteles con la leyenda “Senadores: no se caguen en el agua”.
Tras unos pocos minutos, al menos una docena de manifestantes fueron detenidos por efectivos de la Policía Federal. La Policía también agredió a camarógrafos y periodistas que cubrían lo que pasaba en el lugar: un camarógrafo de A24 fue tirado al piso, golpeado y detenido.
La propuesta del Gobierno, que ya tuvo media sanción en Diputados, redefine la protección del ambiente periglacial. Según Greenpeace, la iniciativa apunta a reducir la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y delega en las provincias definiciones técnicas y administrativas que hoy funcionan como un piso mínimo común para todo el país.
Historia de un conflicto
Desde el año pasado, cuando se planteó que este proyecto se debatiría en extraordinarias, se supo que los senadores peronistas que representan a esas provincias estarían «bajo presión» dentro de su propio bloque, ya que la ley actual frena proyectos mineros y genera cierta polémica sobre si posicionarse a favor del desarrollo productivo o del medioambiente.
Por el momento, se dejó entrever que evitarán una reforma que elimine por completo la ley y buscarán un documento que priorice la protección ambiental, pero sin dejar de lado el desarrollo económico, aunque las posturas provinciales dividen al interbloque.
El presidente del bloque justicialista (PJ), José Mayans, mantiene una posición crítica, que se alinea con sectores sindicales y que busca proteger los recursos hídricos.
La Coalición Cívica rechaza las modificaciones que impulsa el Gobierno sobre la Ley de Glaciares
Si bien el peronismo, en su mayoría, cuestiona la reforma propuesta, hay senadores de provincias mineras como San Juan o Catamarca que apoyan una restricción más fuerte en las áreas protegidas para permitir los proyectos que pretenden llevar adelante.
La ley vigente establece una amplia protección que resguarda tanto los glaciares como el ambiente periglacial, como los suelos congelados que también regulan el agua, y prohíbe actividades que afecten su integridad, específicamente la minería y la exploración de hidrocarburos en las zonas afectadas.
Los senadores que apoyan la modificación fundamentan que se busca dar «certezas técnicas» para compatibilizar el desarrollo económico con la protección ambiental, sin eliminar las auditorías.
El proyecto alternativo de la oposición
El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó, semanas atrás, un «contraproyecto» que tiene como objetivo fortalecer el Régimen de Presupuestos Mínimos de Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.
En la antesala de la votación en el Senado, Valdés presentó un proyecto de defensa de los glaciares
La iniciativa surgió como respuesta al proyecto del Ejecutivo nacional que pretende facilitar la explotación minera e hidrocarburífera en zonas protegidas.
En principio, propone restringir la actividad minera e industrial en áreas de glaciares y ambiente periglacial; asegurar que el agua proveniente de estas formaciones es un recurso natural estratégico de interés nacional y, por ese motivo, priorizar su preservación para consumo humano y riego por sobre cualquier interés económico.
Además, propone la actualización periódica del Inventario Nacional de Glaciares para garantizar un monitoreo científico constante de las reservas hídricas y definir la protección de los glaciares como una cuestión de soberanía y derechos de las poblaciones, que dependen de estas cuencas hídricas, ante el avance del cambio climático.