El diputado nacional por la provincia del Chubut, Juan Pablo Luque, presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación un ambicioso proyecto de ley que buscó establecer un régimen previsional especial para los combatientes de incendios forestales y rurales. La iniciativa surgió como un reconocimiento formal a las condiciones extremas de riesgo, el severo desgaste físico y la exposición permanente a factores nocivos que caracterizaron históricamente a esta actividad.
Según el legislador, estas tareas resultaron esenciales para la protección ambiental y la seguridad de las comunidades en regiones vulnerables. El proyecto contó con el acompañamiento de diputados pertenecientes a diversos bloques políticos, lo que otorgó un marco de consenso a la propuesta.
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La iniciativa legislativa propuso reducir la edad jubilatoria y los años de servicio requeridos para los trabajadores del sector. De esta manera, se buscó equiparar la situación de los brigadistas con otros sectores laborales que ya contaron con regímenes diferenciales debido a la naturaleza insalubre o peligrosa de sus funciones habituales. En términos concretos, el articulado del proyecto estableció la posibilidad de acceder al beneficio jubilatorio a los 57 años para los varones y a los 52 años para las mujeres. Como requisito fundamental, se exigieron 25 años de servicios, de los cuales al menos 15 debieron acreditarse en tareas efectivas de combate directo del fuego en el terreno.
Juan Pablo Luque, diputado nacional por Chubut
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Sustentabilidad fiscal y financiamiento del régimen
Uno de los puntos clave de la propuesta presentada por Luque se centró en el financiamiento del nuevo sistema. El proyecto determinó que el sostenimiento económico se realizará mediante una contribución patronal adicional y progresiva. Dicho aporte quedó a cargo exclusivo de los organismos empleadores, ya fueran nacionales o provinciales. Con este diseño técnico, el legislador aseguró que se garantizó la sustentabilidad fiscal del sistema previsional sin exigir mayores erogaciones a los trabajadores ni representar una carga fiscal imprevista para el Estado nacional.
“El combate de incendios forestales, como los que vivimos actualmente en la provincia del Chubut, representó una de las tareas más riesgosas y exigentes del mercado laboral. Quienes enfrentaron el fuego en primera línea sufrieron un desgaste extremo de su salud física y mental. Por este motivo, no pudieron recibir el mismo trato que el resto de los trabajadores al momento de alcanzar la etapa jubilatoria”, explicó Luque durante la presentación formal de la medida en el Congreso.
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Recorrida por la Comarca Andina y contacto con la realidad
El legislador nacional recorrió este martes diversos puntos de la Comarca Andina, donde mantuvo encuentros con emprendedores y vecinos que sufrieron de cerca el avance de las llamas. Durante su visita, observó las consecuencias del fuego que arrasó con vastas superficies de bosque nativo, en lo que muchos consideraron una nueva temporada perdida para la actividad productiva y turística regional. Luque advirtió que la recuperación de estos ecosistemas tardará decenas de años en concretarse, lo que reforzó su postura sobre la importancia de cuidar al recurso humano que protege estos territorios.
En el marco de su recorrida por las zonas afectadas, el diputado afirmó que resultó admirable el trabajo desempeñado por los brigadistas. Luque denunció que muchos de ellos percibieron sueldos insuficientes y que, pese a las condiciones materiales paupérrimas, arriesgaron sus vidas con una vocación de servicio absoluta. “Ahora atacaron una franja de 200 kilómetros donde existieron distintos focos de incendio localizados entre el Parque Nacional Los Alerces y la localidad de El Hoyo, en zonas donde la montaña presentó una altura considerable. Vimos a los brigadistas realizar fajas, es decir, cortar bosques en terreno de piedra y subir la montaña con el fuego encima, cargando motobombas y mangueras pesadas”, relató el diputado sobre la operatividad en el terreno.
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Antecedentes y marco legal del proyecto
El proyecto impulsado por Luque retomó antecedentes legislativos que ya contaron con media sanción del Senado de la Nación en el año 2022. La propuesta se apoyó firmemente en la legislación previsional vigente, la cual habilitó la creación de regímenes diferenciales para actividades calificadas como de alto riesgo, tales como la minería, la docencia o la recolección de residuos urbanos.
El alcance de la ley comprendió a los combatientes que desempeñaron funciones en organismos nacionales y en aquellas provincias cuyas cajas previsionales fueron transferidas al sistema nacional, siempre en el marco de la Ley 26.815 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Además, la normativa reconoció los años de servicio prestados con anterioridad a la sanción de la ley, lo que garantizó que la experiencia acumulada por los brigadistas más antiguos fuera debidamente computada para el cálculo final de su retiro.
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En un contexto global y regional de creciente frecuencia e intensidad de los incendios forestales, especialmente en la Patagonia, la propuesta legislativa buscó saldar lo que Luque denominó una «deuda histórica». Para el legislador, el reconocimiento previsional no constituyó un privilegio, sino un acto de justicia social indispensable. Según sus palabras, esta política pública resultó necesaria para fortalecer el sistema de manejo del fuego, asegurar un recambio generacional eficiente en las cuadrillas y proteger la integridad de quienes se encargan de cuidar el patrimonio natural de la Nación.