La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner fue trasladada durante la tarde de este sábado a una clínica de la Ciudad de Buenos Aires para ser sometida a una evaluación médica más profunda, luego de manifestar una dolencia abdominal.
La situación generó un operativo sanitario y judicial debido a que la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.
Según confirmaron fuentes cercanas a la ex presidente, profesionales de la salud acudieron en primera instancia al departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Fernández permanece detenida. Tras una revisión inicial, los médicos consideraron necesario realizar estudios complementarios que no podían efectuarse en el lugar, por lo que recomendaron su traslado a un centro médico.
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Ante esta situación, se dio intervención a la Justicia que autorizó el procedimiento en el marco de las condiciones de detención impuestas a la ex mandataria. De esta manera, la condenada fue derivada al Sanatorio Otamendi donde quedó internada para la realización de los estudios correspondientes, bajo custodia y siguiendo los protocolos establecidos.
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Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, cumple prisión domiciliaria tras la condena dictada en la causa conocida como “Vialidad”. El pasado 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme el fallo emitido en noviembre por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado mediante contratos de obra pública. La sentencia incluye además el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
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En los últimos días, el máximo tribunal también ratificó la obligatoriedad del uso de una tobillera electrónica como parte de las condiciones de cumplimiento de la condena. En un fallo firmado esta semana, la Corte rechazó in limine las recusaciones planteadas contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y desestimó por falta de fundamentación el recurso contra el monitoreo electrónico.
En el marco de la ejecución de la pena, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de la Ciudad de Buenos Aires dispuso, además del uso del dispositivo de control, una serie de restricciones vinculadas a las visitas que puede recibir la ex presidenta. En particular, se estableció la obligación de solicitar autorización judicial para aquellas personas que no integren el listado de familiares, médicos y abogados previamente aprobado.
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Esa resolución fue apelada por la defensa de Kirchner, que argumentó que las medidas resultaban arbitrarias y vulneraban derechos constitucionales como la intimidad y la razonabilidad. Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó lo resuelto por el tribunal de origen, y posteriormente la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado.
Más recientemente, el juez Jorge Gorini autorizó una modificación en las condiciones de detención, permitiendo que la ex presidenta acceda a la terraza del edificio donde cumple arresto domiciliario por un máximo de dos horas diarias. La decisión fue equiparada al derecho de salida al patio previsto para personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios.
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La resolución ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles periódicos, aunque introdujo ajustes en el régimen de visitas. En ese marco, se redujo el número de personas con ingreso irrestricto y se estableció que determinados visitantes deberán detallar los motivos de cada encuentro.
