Este jueves por la mañana, el juez Mariano Nicosia dictó la pena de 22 años de prisión para el policía Cruz, declarado culpable por un jurado popular del homicidio agravado por el uso de un arma de fuego en perjuicio del adolescente Lautaro Labbe. La decisión incluyó también la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y la continuidad de su prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.
Durante los alegatos, el fiscal general Julio Puentes había solicitado esa misma pena al considerar como agravantes la edad del acusado —33 años al momento del hecho—, su condición de funcionario policial, la vulnerabilidad de la víctima y la conducta posterior al disparo, que incluyó ocultar pruebas y alterar la escena. “No había una situación de riesgo inminente ni para él ni para sus compañeros, se trató de un disparo innecesario y cobarde”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, quien además destacó el daño irreparable ocasionado a la familia de Lautaro y a la institución policial.
La querella, representada por la abogada Luciana Risso en nombre de la madre de la víctima, había pedido una pena aún mayor: 25 años de prisión, con argumentos similares. Señaló la falta de amenaza armada, la desaprensión de Cruz frente a la vida y el intento deliberado de encubrir la verdad, lo que a su juicio profundizó la gravedad del caso.
Por su parte, la defensa, a cargo de los abogados particulares Alejandro Fuentes y Guillermo Iglesias, pidió el mínimo previsto para el delito: 10 años y 8 meses de cárcel. Alegaron que Cruz no tenía antecedentes penales, que recién había sido asignado a la comisaría de la jurisdicción y que se trataba de un “delincuente ocasional”. También sostuvieron que la pena no debía trascender a las hijas menores del condenado.
Finalmente, el juez Nicosia coincidió con la postura de la Fiscalía y estableció los 22 años de prisión, valorando como agravantes la edad y formación del acusado, su deber como policía de proteger la vida, la vulnerabilidad de la víctima, la manipulación posterior de pruebas y el impacto institucional del hecho. Como atenuantes, consideró la falta de antecedentes penales de Cruz y la necesidad de que la condena no afecte a sus hijas.