El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien ordenó frenar la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, atraviesa un proceso disciplinario con nueve denuncias en su contra. Cinco de ellas son por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.
El magistrado fue notificado la semana pasada y tiene 20 días para presentar su defensa ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Las acusaciones van desde abuso de poder y maltrato laboral hasta el uso indebido de recursos públicos.
Entre los testimonios, una trabajadora relató que fue presionada a mantener relaciones sexuales por temor a perder su puesto, mientras que otra denunció mensajes por redes sociales, comentarios sobre su apariencia y hostigamiento tras rechazar pedidos personales. Varias de las víctimas aseguraron haber sufrido graves consecuencias en su salud mental.
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El gremio judicial pidió custodia policial en el juzgado desde septiembre de 2024 para resguardar a los empleados, y señaló que continúan apareciendo nuevos casos. La investigación está en curso y podría derivar en sanciones administrativas o incluso en la remoción del juez.
Otra denuncia
El Gobierno presentó una denuncia judicial tras la difusión de audios grabados ilegalmente a Karina Milei en la Casa Rosada. La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, sostiene que se trató de una “operación de inteligencia no institucional” orientada a desestabilizar al Ejecutivo y afectar el proceso electoral. Acusa de maniobra golpista y alude a la participación de sectores de la oposición. El expediente quedó en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo de Julián Ercolini.
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La acción judicial estuvo acompañada por una orden del juez Alejandro Marianello, quien dispuso que cesara inmediatamente la difusión de los audios. El fallo, favorable a Karina Milei, busca evitar nuevas filtraciones por considerar que podrían perjudicar intereses estatales sensibles. Además, el Gobierno solicitó el allanamiento de las oficinas del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundieron los materiales, y apuntó a los responsables de su publicación y a allegados de la diputada Marcela Pagano.
Según la denuncia, la difusión se produce en un “momento estratégico”, coincidente con la etapa clave de la campaña para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y antes de los comicios nacionales. El Gobierno interpreta esta coincidencia como parte de una campaña de desinformación para influir en el electorado y denuncia que la utilización de los audios representa un hecho grave sin precedentes en la política argentina.
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Fuentes del Ejecutivo reconocen preocupación interna por el impacto de la crisis, consideran que la revelación de los audios afectó la motivación de la militancia y resaltan el riesgo de que la crisis política se profundice si el oficialismo no logra un resultado favorable en los comicios próximos.
El oficialismo atribuye la filtración a una campaña deliberada para dañar su imagen y señala la coordinación de sectores opositores, en un contexto de incertidumbre económica y descoordinación interna que agrava la situación del Gobierno nacional.
Con información de Infobae